El representante de Derechos Humanos de El Alto advierte que la justicia podría ceder ante presiones políticas si el juicio por el caso ‘Decretazo’ no se realiza en Chonchocoro.
eju.tv /Video: DTV
Un grupo de familiares de víctimas de la denominada masacre de Senkata instaló la pasada jornada una vigilia frente al centro penitenciario de Chonchocoro en rechazo al posible traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para la instalación del juicio por el denominado caso ‘Decretazo’; la medida, afirma David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), responde al temor de que el cambio de jurisdicción favorezca la impunidad por los hechos luctuosos ocurridos en noviembre de 2019.
Camacho se encuentra actualmente detenido en ese reclusorio ubicado en el altiplano de La Paz, entre los municipios de El Alto y Viacha, imputado por su presunta participación en los hechos de 2019, dentro del caso ‘Golpe I’. Sin embargo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz fijó la audiencia de inicio del proceso por el caso que se abrió contra la autoridad cruceña por designar a un funcionario no electo como autoridad departamental, cuando se ausentó del cargo. El acto judicial está programado para el viernes 25 de este mes.
El proceso judicial gira en torno al Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, por el cual Camacho delegó temporalmente en sus funciones a Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de hacerlo en el entonces vicegobernador Mario Aguilera, como establece la Constitución Política del Estado (CPE) y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Por esa decisión, Camacho es investigado por la presunta comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Foto: captura pantalla
“El juicio por el caso del ‘decretazo’ y la masacre de Senkata debe desarrollarse en La Paz. Trasladarlo a Santa Cruz sería una forma de garantizar su impunidad”, advirtió el activista. “Las víctimas tienen la idea de que, si el señor Camacho es trasladado a Santa Cruz, va a quedar libre de toda culpa por presión social, por presión política, por presión del mismo comité cívico, y va a resultar que lo van a volver un héroe y no va a responder por sus determinaciones en confabulación con el gobierno de la señora Áñez”, añadió.
Si bien existe una orden judicial de traslado emitida por el tribunal cruceño, para el procurador general del Estado, Ricardo Condori, el cumplimiento de la misma está condicionado a una verificación previa por parte del Ministerio de Gobierno sobre las condiciones de seguridad, tanto para el traslado como para el desarrollo del juicio. Según la autoridad, lo que dispuso la autoridad jurisdiccional en una reciente audiencia fue solamente una recomendación administrativa, lo que no implica que sea una orden que deba acatarse.
Foto: captura pantalla
Inca advirtió que, una vez en Santa Cruz, Camacho podría apelar a argumentos como el derecho a la salud, a la proximidad familiar o al arraigo social para evitar su presentación a la audiencia. “En este caso se está estirando el tema de las acciones constitucionales, ya en este caso la acción de libertad y para favorecer a una persona que ha cometido delitos. Entonces, el hecho de volverlo o quererlo presentar como un perseguido o preso político ya tiene una connotación político partidaria, un cálculo político”, insistió.
Para sostener su posición apeló a la figura jurídica de la autoría mediata como sustento de la posible responsabilidad de Camacho en las decisiones del gobierno de Áñez; según la explicación del activista alteño, esta figura contempla la responsabilidad de quienes, aun sin ejercer directamente un cargo público, tienen conocimiento y control de los hechos que derivan en violaciones a los derechos humanos. “Entonces, de ese lado hay una figura internacional que se llama autoría mediata (contra) el que sabe que va a pasar algo, pero no dice o no hace nada para que eso no ocurra”, sentenció.
Foto: captura pantalla
Para el representante de Derechos Humanos de El Alto, en el caso de Camacho podría replicarse una metodología ya observada en otros procesos, en las que se priorizó las audiencias virtuales para garantizar el desarrollo del juicio sin poner en riesgo la imparcialidad o seguridad del mismo. En ese sentido, propuso que los jueces del tribunal cruceño puedan trasladarse a La Paz y realizar la audiencia en Chonchocoro, o que se aplique el mismo mecanismo virtual utilizado también en el juicio por la masacre de Senkata.
“Hay un sentido de justicia en el mismo hecho de que en el gobierno de Áñez ella solita no ha ejercido su mandato, sino ha sido con el apoyo del señor Camacho en su momento como líder cívico de Santa Cruz, también con el señor Pumari, líder cívico en Potosí, y otros también, y otras personas”, subrayó Inca, para reiterar después que, “convertir a Camacho en preso político es una estrategia político-partidaria que desvirtúa el verdadero sentido de justicia. Hay un cálculo detrás. Si el tribunal de Santa Cruz accede a liberarlo, quedará como instrumento de impunidad”.