“En el bloqueo de Llallagua hemos ido a desbloquear y ellos han asesinado policías. Imagínense lo que va a ocurrir ahí adentro en las campañas electorales de los candidatos”, alertó Torrico.
Sin ley, sin paz. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, denunció hoy que en el Chapare opera una “dictadura narcosindical” que estaría detrás de los bloqueos, emboscadas y muertes ocurridas en el último conflicto social.
“El gran problema es esa dictadura narcosindical que se está llevando en el Chapare donde a título de campaña electoral están pretendiendo que no ingrese la fuerza pública, pero (sabemos) que es el narcotráfico”, explicó Torrico a los medios.
En referencia al líder cocalero Evo Morales, el viceministro advirtió: “No vamos a mandar a morir gente por un loco que está ahí”.
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La autoridad hizo énfasis en diferenciar al conjunto de la región del Trópico de Cochabamba de estos grupos radicales e indicó que “no es todo el Chapare”, pues también hay sectores dedicados a la hotelería, agricultura y exportación.
Sin embargo, el funcionario advirtió que “los grupos narcotraficantes impulsan los bloqueos y movilizaciones para que no haya ley” y recordó la toma de un regimiento militar en el Trópico por parte de afines al evismo, a finales del año pasado.
Asimismo, Torrico mencionó el antecedente de Llallagua donde policías y civiles perdieron la vida en emboscadas.
“En el bloqueo de Llallagua hemos ido a desbloquear y ellos han asesinado policías. Imagínense lo que va a ocurrir ahí adentro en las campañas electorales de los candidatos”, alertó la autoridad y deslindó responsabilidades sobre este asunto que debe ser abordado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público, no solo por el Ejecutivo.
Los dichos del viceministro se producen debido a las dos semanas de violentos bloqueos protagonizados por sectores evistas, que dejaron un saldo de seis muertos, 203 heridos, 143 detenidos y pérdidas económicas que bordean los 800 millones de dólares. Aunque las movilizaciones comenzaron por reclamos sobre la escasez de combustible y el alza de precios de alimentos, su objetivo se radicalizó al exigir la habilitación de Morales como candidato presidencial, a pesar de los impedimentos legales vigentes.