Vulneración a los derechos a la educación, salud, alimentación y acceso a la justicia identificó el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) en los centros de reintegración social “Renacer” y «Caminemos Juntos» del departamento de Oruro, que albergan a 143 adolescentes con responsabilidad penal.
Fuente: ABI
El equipo del VIO, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, verificó que en el Centro de Reintegración Social (CRS) “Renacer” se encuentran 75 adolescentes varones, 59 cumpliendo medidas socioeducativas de privación de libertad y 16 con detención preventiva; además de dos adolescentes mujeres con medidas socioeducativas de privación de libertad.
En tanto, en el Centro de Orientación (CO) «Caminemos Juntos» se constató la presencia de 66 adolescentes entre varones y mujeres.
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La supervisión y control en estas dos entidades de atención, que dependen de la Gobernación orureña, se realizó con el objetivo de verificar las condiciones de infraestructura, y la situación en el cumplimiento y ejercicio de derechos.
Como resultado de esta inspección, se evidenció que existe hacinamiento en la población de adolescentes varones y que la infraestructura sanitaria se encuentra deteriorada, situación que ha sido puesta en conocimiento de la directora de la Instancia Técnica Departamental de Política Social de la Gobernación, Rosmery Sola, refiere un reporte del VIO.
En las entrevistas se conoció que los adolescentes/jóvenes que han concluido el bachillerato acceden parcialmente al derecho a la educación, asimismo, los casos de emergencia médica son atendidos de manera tardía en los establecimientos de salud.
También se identificó que existe una errónea apreciación respecto a la “Terminación Anticipada” por parte de las instancias que integran el Sistema Penal para Adolescentes; y que la “Remisión en Sede Fiscal” (medida que permite excluir a un o una adolescente de un proceso judicial, con el objetivo de evitar los efectos negativos que este podría tener en su desarrollo integral) no es aplicada por los fiscales de Materia, situaciones que vulnera los derechos de esta población.
Los resultados de la supervisión fueron presentados ante la “Mesa Departamental del Sistema Penal para Adolescentes”, donde participaron representantes del Órgano Judicial, del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el Servicio Departamental de Educación, el Servicio Departamental de Salud, la Policía Boliviana y la Defensoría del Pueblo a la cabeza del VIO, para buscar soluciones y la restitución de los derechos vulnerados.
En el encuentro, también se planteó la necesidad de la especialización del equipo que trabaja en el CRS y el CO; la capacitación en la temática del sistema penal para adolescentes; y la permanencia del personal encargado de la atención de adolescentes con responsabilidad penal.
Rdc/Jfcch/CC