Antonio De la Fuente pidió que la investigación sea trasladada a Coroico, porque el hecho se produjo en esa región del departamento de La Paz
Fuente: ANF / La Paz
Antonio De la Fuente, implicado en el caso consorcio que buscó suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, afirmó que no se presentará a declarar ante el Ministerio Público porque corre el riesgo de ser aprehendido. Pidió que la investigación sea trasladada a Coroico, porque el hecho se produjo en esa región.
“Desde el primer día han emitido una orden de aprehensión y me van a enviar seis meses a la cárcel siendo inocente. Entonces, yo no lo reconozco al juez ni al fiscal porque ellos han vulnerado la competencia, porque la acción directa y el delito supuesto se lo hizo en Coroico. Ahí hay juez natural y un fiscal para que investigue ¿Por qué tienen que hacerlo en la ciudad de La Paz?”, afirmó en declaraciones a la ANF.
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De la Fuente es uno de los ocho investigados por la fiscalía en el caso consorcio, ya que interpuso un recurso de cumplimiento contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ese recurso fue resuelto por el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien determinó suspender a la magistrada Fanny Coaquira de su cargo y habilitó a su suplente Iván Campero.
El fin de semana, la Fiscalía con la Policía allanó su domicilio ubicado en la zona de Achumani, en La Paz, para ejecutar la orden de aprehensión del sindicado; sin embargo, el inmueble estaba abandonado y casi vacío.
Al respecto, De la Fuente negó que el inmueble haya estado vacío y denunció que los uniformados sustrajeron pertenencias de valor; entre ellos, relojes de marca, $us 50.000, secuestraron una computadora y documentos. Incluso amedrentaron al jardinero que está al cuidado de su casa.
Recurso
Admitió que promovió un recurso para investigar a la magistrada, ya que, supuestamente, presentó un documento fraguado a la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, que estaba a cargo de la preselección de candidatos al Órgano Judicial. Dijo que esa observación surgió luego de que revisó la hoja de vida de Coaquira, donde se mencionaba que fue docente de la Universidad Unión Bolivariana, pero en el currículum que difundió el TSE no se mencionaba ese aspecto.
“Eran dos currículos que por lo menos daban la sospecha de que algo engañoso ha ocurrido. En el primer currículum que la señora Fanny Coaquira Rodríguez presentado a la comisión, en la sexta hoja dice que ella ha sido docente de la Universidad Unión Bolivariana entre el 2022 y 2023, pero no hay un contrato de trabajo ni la universidad se ha pronunciado al respecto”, explicó.
A mediados de mayo presentó un recurso de revisión extraordinaria ante el ente electoral para que se investigue la autenticidad del certificado, pero el 23 de ese mes el TSE rechazó esa solicitud, ya que el proceso precluyó, además aclaró que ellos no estuvieron a cargo del proceso de preselección.
Ante esa situación, a inicios de junio decidió promover una acción de cumplimiento ante la justicia para que obligue al Órgano Electoral a investigar ese caso. De la Fuente señaló que el petitorio del memorial que elaboró su abogado señalaba ese aspecto, que se investigue la autenticidad del documento y se remitan antecedentes a la fiscalía.
Sin embargo, al igual que su abogado José Uriarte, procesado por el caso consorcio, De la Fuente dijo que el memorial fue alterado, ya que entregó el documento a otra persona para que lo remita al juzgado de Coroico porque él debía hacer otras diligencias. Sospecha que el documento fue cambiado por el juez Marcelo Lea Plaza, quien llevó a cabo la audiencia de acción de cumplimiento.
“Yo elaboré un borrador de la acción de cumplimiento a través de mi abogado, José Uriarte, pero ese documento le di a un parroquiano para que lo presente ante el juzgado de Coroico y resulta que ese documento no es el que se leyó en el juzgado. Es decir, ha sido reemplazado, manipulado, han cambiado las hojas y me han falsificado mi firma, no solo a mí, sino también la firma de mi abogado”, aseveró.
Contradicciones
Sin embargo, sobre ese punto hay una contradicción, ya que su abogado José Uriarte en su declaración afirmó que envió el documento a su cliente para que lo imprima y ponga su firma, luego se citaron en el centro de la ciudad de La Paz para efectuar la rúbrica. Empero, al encuentro acudió una tercera persona, ya que De la Fuente se encontraba de viaje.
En ese sentido, De la Fuente aseguró que el juez de Coroico no le notificó con la hora ni la fecha de la audiencia, por lo que no asistió a la misma. Empero, Uriarte dijo que estaba presente de forma virtual e incluso le llamó después que terminó su intervención para reclamarle por qué cambió el memorial.
En el caso consorcio existen ocho personas investigadas, de las cuales siete ya fueron aprehendidas y procesadas por el delito de consorcio y tráfico de influencias. Entre ellos se encuentra el exministro de Justicia César Siles; el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova; la exvocal Claudia Castro, y el magistrado suplente Iván Campero.