Fuente: El Deber
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debería ser trasladado en el curso de las próximas horas desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, al de Palmasola, en Santa Cruz, para que asista al inicio del juicio oral por el caso “Decretazo”. Su defensa advirtió ayer que el cumplimiento del fallo judicial sigue estancado por “intereses políticos y personales”. Aún así, esperan que el pasaje aéreo o terrestre sea adquirido pronto en medio de reproches políticos, alguno de los cuales, emitidos desde la misma gobernación.
La instrucción de traslado fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° de la capital cruceña, que en fecha 3 de julio de 2025 ordenó el movimiento de Camacho “entre 8 y 10 días antes” de la audiencia fijada para el 25 de julio, con fecha límite el 15 de julio que a esta altura ya se venció.
La medida se tomó en el marco de una acción de libertad concedida parcialmente en su favor. De hecho, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, afirmó que la defensa de Camacho interpretó el fallo y descartó su traslado. Sostuvo que Camacho puede asumir defensa de manera virtual.
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Pero, el documento judicial instruye notificar al director del penal de San Pedro de Chonchocoro, Edgar Fernando Espinoza, al Director Nacional de Régimen Penitenciario y al director del penal de Palmasola, para que se viabilice el traslado , incluso bajo alternativa legal en caso de incumplimiento.
El abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador, afirmó que la demora en la compra de pasajes o la asignación de transporte terrestre es injustificada. “El director del centro penitenciario ya solicitó los pasajes. Lo que correspondería sin excusa alguna es ejecutar ese traslado”, declaró.
Camacho denunció además que se están generando obstáculos desde el propio Gobierno. “Hay intereses políticos que están frenando el cumplimiento de una sentencia constitucional. Incluso el fiscal Omar Mejillones, que no tiene relación con este proceso, salió a decir que no debe trasladarse a Camacho porque afecta otro juicio.”
La defensa también apuntó que, en caso de no concretarse el traslado, las responsabilidades recaerán sobre el director de Chonchocoro y la directora departamental paceña del Régimen Penitenciario, Mariana García. “No existe ningún informe policial ni de inteligencia que impida el traslado”, insistió.
La bancada de Creemos, la organización con la que Camacho fue electo, denunció una “intromisión política” en el caso. Su vocero, el diputado Erwin Bazán, señaló directamente al Gobierno y a actores de la propia gobernación cruceña.
“La resolución judicial es clara. Se debe trasladar a Camacho para que ejerza su defensa. Todo lo demás son excusas e intromisiones abusivas. ¿Tanto miedo le tienen a Camacho que saben que, si pisa su tierra, se convierte nuevamente en gobernador legítimo?”, afirmó.
Bazán también acusó al Procurador General del Estado, Ricardo Condori, de interferir en el proceso judicial. “El procurador no tiene por qué opinar sobre este caso. Su trabajo es otro”, enfatizó.
Mientras tanto, el actual gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, reconoció a Camacho como el gobernador legítimo y aseguró que su gestión se limita a una suplencia temporal. “Yo trabajé para que él sea elegido. Fui su vicegobernador y jefe de campaña”, declaró.
Sin embargo, Aguilera también criticó a colaboradores de Camacho y aclaró que no tiene relación con la emisión del Decreto Departamental 373, el cual está en el centro del juicio. “¿Quién hizo el ‘decretazo’? Lo hizo su secretario de Justicia, Efraín Suárez. No fui yo”.
Asimismo, rechazó las acusaciones lanzadas por Martín Camacho y cuestionó el papel de otros actores vinculados a la defensa del gobernador, entre ellos, el exfuncionario José Terrazas, ahora candidato a senador por la alianza Unidad de Samuel Doria Medina.
El caso “Decretazo” surge por la emisión del Decreto Departamental 373 en marzo de 2022, cuando Camacho, ya detenido, delegó sus funciones al secretario Miguel Ángel Navarro, omitiendo al vicegobernador Aguilera, lo cual violaría la Constitución y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. El juicio está previsto para iniciar este viernes 25 de julio en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Camacho debe estar presente en la audiencia, según ese fallo.
Desde su detención el 28 de diciembre de 2022 por el caso “Golpe de Estado I”, Camacho ha permanecido en Chonchocoro. Su defensa interpueso 14 acciones judiciales solicitando su traslado a Santa Cruz, todas con fallos favorables, pero sin ejecución. Las autoridades penitenciarias alegan que Chonchocoro es el único penal con condiciones médicas adecuadas, argumento que ha sido rebatido por la defensa, que asegura haber garantizado todas las condiciones logísticas y de salud.