Los cooperativistas realizan trabajos esporádicos, sin control de la Gobernación paceña
Fuente: eldeber.com.bo
Para evitar que la actividad minera descontrolada provoque nuevas inundaciones que afecten a los municipios de Tipuani y Guanay, en enero de este año se firmó un acuerdo interinstitucional, entre varios ministerios, la Gobernación y la Defensoría del Pueblo, sin embargo, el mismo se incumple y los vecinos alertan sobre las graves consecuencias.
“Ya enviamos tres notas a la Defensoría del Pueblo, no tenemos respuesta, pero nuestro pedido es que se realice una nueva inspección, con la presencia de todos los ministerios. (En febrero) el agua se llevó tanto el puente vehicular como el puente colgante que había, era nuevo. Ahora, no se cumple con la descolmatación del río (extracción de sedimentos), ni la construcción del muro defensivo. Cualquier lluvia fuerte que caiga va a provocar una nueva inundación y esta vez puede ser más grave”, denunció el presidente de la Junta Vecinal de Tipuani, Rufino Chambi.
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El acuerdo al que hace referencia, se trata del que se firmó el 27 de enero, luego de una reunión interinstitucional convocada por la Defensoría del Pueblo, a la que asistieron los vecinos damnificados, técnicos y autoridades de los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Gobernación de La Paz y dirigentes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), señalados como los principales responsables del desastre.
En esta reunión, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, y su equipo técnico y legal, afirmaron que las inundaciones, causadas por la explotación minera descontrolada, podrían generar no solo la desaparición de áreas pobladas de ese municipio, sino de otros dos.
“Y esto (la desaparición del pueblo) va a ocurrir (también con los municipios de) Guanay y Teoponte. Guanay después nos va a iniciar un proceso, y nos van a trancar, con los famosos bloqueos”, advirtió Vera, en dicha reunión.
La vecina de la comunidad Chima, Maribel Ávalos, relató a EL DEBER que la actividad minera ya provocó el deslizamiento del cerro Puca Loma, en 2003, que hizo “desaparecer” la avenida Sorata y todas las viviendas construidas allí, en esa comunidad.
“Murieron centenares de personas, no se logró recuperar todos los cuerpos y el lugar tenía que ser declarado campo santo. Se firmaron acuerdos interinstitucionales para indemnizar a las mujeres y niños que sobrevivieron, y tenían que darles viviendas, pero la Cooperativa Chima se cree dueña del suelo y el subsuelo. Siempre los amenazaron a los vecinos y ahora mismo lo siguen haciendo, siendo ellos quienes provocaron esa tragedia”, relató Ávalos.
En ese contexto, los vecinos damnificados exigen el cumplimiento de dicho acuerdo y se eviten más tragedias.