A las 10.45 del 8 de noviembre de 2020, Luis Arce tomó juramento como presidente del Estado. Prometió vencer la pandemia de coronavirus y dijo que quería ser recordado como el Gobierno que recuperó el crecimiento económico. Cinco años después, empresarios y analistas ven que su gestión se cierra con crisis económica, falta de combustibles y de divisas e inflación.
“Queremos ser recordados como el Gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la paz, la dignidad, el crecimiento y la justicia social”, afirmó el mandatario aquel día.
Luego de un decrecimiento en 2020 de -8,7%, la economía boliviana logró una recuperación en 2021 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 6,1%; sin embargo, luego comenzó la desaceleración, con 3,48% en 2022, 3,1% en 2023 y un ínfimo crecimiento de 0,73% en 2024.
En noviembre de 2021, al cumplir el primer año de mandato, Arce destacó que se logró colocar 7,9 millones de vacunas, entre primeras, segundas, terceras y únicas dosis contra el coronavirus. Resaltó que el 54,4% de la población mayor de 18 años contaba con el esquema completo de inmunización contra la Covid-19.
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Sin embargo, para entonces Bolivia ya arrastraba un problema sin resolver desde 2015, que era la declinación de la producción de gas natural, principal fuente de ingresos, generación de divisas y de recursos para la renta petrolera.
Arce recordó que la producción de gas natural en el año 2020 fue de 43,5 millones de metros cúbicos día (MMmcd); en cambio, en 2021 subió a 45,4 millones.
Sin embargo, en 2022, la declinación se agudizó y la oferta bajó a 41,3 MMmcd; en 2023 se redujo a 35,9; y en 2024 hasta 31,7, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La proyección oficial para este año mantiene la tendencia a la caída, y se prevé llegar a 29,5 MMmcd, acompañada paralelamente con el descenso de la producción de líquidos.
De esa manera, el gasto por la importación de gasolina y diésel se disparó de 23,8 millones de dólares, en 2020; a 418,9 millones en 2021; a 839 en 2022; y a 1.026,8 en 2023; y bajó a 879,3 millones en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por otro lado, las compras de diésel pasaron de 548 millones de dólares, en 2020, a 1.163 millones, en 2021; a 2.090, en 2022; a 1.821, en 2023; y a 1.732,4 en 2024. A mayo de este año ya se había importado este combustible por 654 millones de dólares, y gasolina, por 357,8 millones.
Como Bolivia producía menos, esto trajo como consecuencia una caída en las exportaciones de gas y por ende menores ingresos de divisas y una creciente salida de dólares para cubrir las importaciones de gasolina y diésel, pago de la deuda externa y otras obligaciones de comercio exterior.
De esa manera se llegó al 8 de febrero de 2023, cuando las Reservas Internacionales Netas (RIN) caen a 3.538 millones de dólares y las disponibilidades líquidas llegaron a 372 millones, lo cual generó alarma en la población, que acudió masivamente a comprar dólares, en forma directa, del BCB.
La tendencia persistió y las reservas de divisas en el primer cuatrimestre de este año aumentaron de 46,8 a 165,2 millones de dólares. Las RIN totales a julio suman 2.807 millones de dólares, informó el BCB.
La menor disponibilidad de divisas provocó este año que el tipo de cambio paralelo se disparase por encima de los 15 bolivianos. Además, YPFB enfrenta problemas para contar con los suficientes dólares para garantizar las importaciones.
La falta de gasolina y diésel, desde el año pasado, ha derivado en que la población, el sector productivo y el transporte en general, tengan que formar largas filas y hasta durante días en estaciones de servicio. Esta crisis persiste y el gobierno de Arce no logró contenerla, a pesar de plazos fijados por él mismo para regularizar la provisión.
El past presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, opinó que hay más aspectos negativos que positivos por destacar en la gestión que está por concluir de Luis Arce.
“Lamentablemente, hay falta de dólares, de combustibles y un alza de la inflación, y el Gobierno se dedicó más a hacer política con las peleas internas del MAS y una posible reelección y se dejó de lado la atracción de inversión”, apuntó.
Quizá, agregó, se puede rescatar el ingreso pleno de Bolivia al Mercosur, el crecimiento económico en 2021, aunque esto fue por efecto rebote y la normalización de las actividades económicas, pero luego la economía se volvió a desacelerar.
Para Gustavo Jáuregui, ex gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y experto en Gerencia de Organizaciones Empresariales y Gerencia Estratégica, el principal error de la gestión del presidente Luis Arce ha sido la ausencia de un diálogo efectivo y sostenido con el sector privado.
Esta falta de articulación entre el Estado y los actores económicos productivos ha impedido la construcción de una agenda conjunta que permita enfrentar de manera estratégica los desafíos estructurales del país y aprovechar las oportunidades de desarrollo sostenible.
“En un contexto de desaceleración económica, alta informalidad y creciente presión fiscal, la política económica requería de mecanismos institucionalizados de concertación con el empresariado, capaces de generar confianza, atraer inversiones y definir políticas públicas orientadas a dinamizar el aparato productivo”, indicó. Sin embargo, durante esta gestión se ha observado un distanciamiento entre el Gobierno y el sector privado formal, reemplazando el diálogo técnico por visiones ideologizadas y posiciones rígidas que han limitado la cooperación necesaria para impulsar el desarrollo.
Señaló que la falta de implementación de medidas consensuadas con el sector empresarial —por ejemplo, en temas como política industrial, exportaciones, incentivos tributarios, simplificación normativa o acceso a financiamiento— ha reducido significativamente la posibilidad de alcanzar un impacto positivo sostenido en el crecimiento económico, la generación de empleo digno y la mejora en la calidad de vida de la población.
Lo positivo, dijo, fue el manejo del proceso de vacunación masiva contra la Covid-19 y el fortalecimiento de ciertos niveles de infraestructura sanitaria que contribuyeron a controlar, en términos generales, la emergencia sanitaria y a evitar mayores impactos sociales. Asimismo, destacó que la reactivación de bonos sociales y subsidios orientados a sectores vulnerables —como el bono contra el hambre— permitió, en una primera etapa postpandemia, una reactivación parcial del consumo interno, aliviando en parte la situación económica de las familias más afectadas.
Jáuregui manifestó que estos avances requieren sostenibilidad, articulación público-privada y una visión estratégica de largo plazo, factores que estuvieron y aún ahora están ausentes o poco desarrollados.
El economista Ernesto Sherif opinó que hay algunos aspectos a destacar como la continuidad de la política y normativa ambiental, a pesar de que persisten los incendios forestales o la política de cuencas y cuidado de las fuentes de aguas en beneficio de municipios, o en agua y saneamiento, y la dotación de alcantarillado en el área rural. “Al inicio de la gestión, el Gobierno intentó reducir el gasto público, pero eso duró seis meses y se desconoce por qué se frenó”, añadió el experto.
Lo malo, indicó, es el fracaso de la política macroeconómica, pero también de la política industrial y productiva, porque en teoría se esperaba que esto ayudara a ahorrar o generar divisas que compensen la caída de ingresos del gas, pero no hay nada, y las empresas públicas no producen lo suficiente para sustituir importaciones y muchas se crearon con recursos de las reservas del BCB, que hoy hacen falta.
“Por cada dólar que se gasta de las RIN, se necesita el doble para su reposición; imagine, son como siete mil millones de dólares que se han ido en empresas públicas, a costo de oportunidad de hoy. Nos hemos pegado un tiro en el zapato; si hubiesen tenido éxito las políticas, las empresas ya deberían estar generando resultados y no tener problemas en balanza de pagos”, remarcó.
En el mismo sentido, el economista Rolando Morales sostuvo que la gestión de Arce no es positiva a pesar de que en las gestiones anteriores del MAS, antes de 2014 hubo avances en la reducción de la pobreza y la cobertura de salud. “Claro, a partir de 2014 y 2015 todo se deterioró y en la gestión de Arce no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo para preservar la disponibilidad de dólares y de combustibles”, indicó.
Señaló que se podía avanzar y, ahora, lo que se tiene que hacer es suprimir la subvención a los carburantes, pero sin afectar a los grupos más vulnerables, con precios diferenciados en el transporte público y otras estrategias. En el caso de las divisas, hace cuatro años, se debería haber retomado el funcionamiento del bolsín y transparentar el mercado cambiario, añadió.
Morales también observa que la inflación pudo ser mejor contenida o amortiguada, pero subrayó que su origen está en el elevado déficit fiscal, ocasionado por el alto costo que representa la importación y subvención a los carburantes y que ha sido financiado con deuda, con el BCB. Al encarecimiento de precios también contribuyó el alza del dólar.
Crisis hidrocarburos
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos y analista de este ámbito, recordó que este sector y el de energía, están en caída libre desde 2015, cuando se observó que ya había problemas para reponer reservas y realizar exploración petrolera masiva para continuar con la exportación y abastecer el mercado interno. Explicó que fue en esa época en la que se debieron tomar acciones correctivas para no llegar a la profunda crisis y debacle en la que se encuentra el sector hoy.
“Arce Catacora, hasta 2019, fue ministro de Economía y conocía de la situación, que cada vez la producción caía y se necesitaría importar más combustibles y para esto tenían que existir recursos. Cuando llegó a la Presidencia lo primero que debió promover es una nueva ley de hidrocarburos para reponer reservas y, en cinco años, se pudo realizar un trabajo con resultados dos o tres años después”, puntualizó Ríos.
El problema, dijo, es que se pasó la gestión entre “discursos exitistas” con el impulso de plantas de industrialización y sin atacar el tema de fondo, que era la necesidad de exploración. Además, el equipo económico de Arce y de YPFB conocían que las Reservas Internacionales Netas (RIN) y divisas estaban en descenso y se tenían que tomar previsiones para importar y no generar desabastecimiento de gasolina y diésel.
“Lo que más se hizo es propaganda política; no se hizo nada, no se han desarrollado energías alternativas. Mayaya es una mentira, luego de Boyuy y el mar de gas, no hay exploración y no han previsto el dinero que se necesitaba para importar y, hasta hace dos años, se negaba una crisis energética; hoy estamos desabastecidos de gasolina, diésel, GLP (gas licuado de petróleo) y falta jet fuel. Se ha profundizado la crisis que se visualizaba en 2015”, remarcó.
Desafíos
Jáuregui sostuvo que Bolivia necesita retomar el camino del crecimiento sostenible y, para ello, es imprescindible construir una agenda económica consensuada, pragmática y orientada a resultados de impacto y medibles. “El desafío no solo es técnico, sino también político, puesto que se trata de decidir si se quiere gobernar con el sector privado como aliado o persistir en una visión de confrontación que limita el desarrollo del país”, recalcó.
Entre algunos desafíos urgentes que plantea están:
- 1.- El establecimiento del diálogo público-privado institucionalizado, sobre la base de confianza, respeto mutuo y objetivos comunes. Un espacio de concertación permanente permitiría consensuar medidas concretas para la reactivación económica, la inversión productiva y la generación de empleo formal.
- 2.- Recuperación de la confianza y la atracción de inversiones, para lo cual se requiere seguridad jurídica, reglas claras y estabilidad normativa.
- 3.- Reforma estructural del modelo económico, hacia una economía más diversificada, industrializada, con mayor productividad y menor dependencia del Estado como principal motor económico.
- 4.- Solución a la escasez de divisas y desequilibrios del sector externo, dado que la caída de reservas internacionales y la creciente presión sobre el tipo de cambio muestran la necesidad de políticas que fomenten exportaciones con valor agregado, ingreso de divisas vía fomento a la inversión y financiamiento externo responsable.
- 5.- Lucha contra la informalidad y fortalecimiento del empleo digno, puesto que más del 80% de la economía boliviana es informal. Es clave diseñar incentivos fiscales y laborales que promuevan la formalización empresarial, reduzcan la precariedad laboral y mejoren la recaudación sin asfixiar a los emprendedores.
- 6.- Reforma tributaria progresiva y racionalización del gasto público, porque es necesario avanzar hacia un sistema tributario más justo, que amplíe la base tributaria sin castigar al contribuyente formal. Al mismo tiempo, el Estado debe optimizar el uso de recursos públicos, eliminando gastos innecesarios y mejorar la eficiencia del gasto social y de inversión.
“Finalmente, el fortalecimiento institucional y seguridad jurídica, la debilidad institucional y la percepción de inestabilidad jurídica desincentivan la inversión y deterioran el clima de negocios. Se debe garantizar la independencia de poderes, el cumplimiento de contratos y el respeto al derecho de propiedad”, resaltó.
Promesas del presidente Luis Arce
- Reactivación. En diciembre 2024, dijo que fue el peor año y proyectó que 2025 sería el año del restablecimiento de la estabilidad económica.
- Previsión. Sin la aprobación de créditos, no se puede garantizar plenamente la compra y el abastecimiento de diésel y gasolina, dijo el 8 de julio.
- Suministro. Desde el 26 de mayo, “vamos a regularizar al 100% el abastecimiento de combustibles en el eje del país”, expresó en mayo.
- Anhelo. “Vamos a dar un salto cualitativo para romper con la dependencia de la importación de combustibles”, indicó el 1 de enero de 2025.
La deuda
Tarea. La economista Beatriz Muriel indicó que los ajustes debieron implementarse desde 2014, cuando comenzaron los desequilibrios fiscales. Ello llevó a que la deuda interna, más externa del sector público no financiero pasara de 37,1% del PIB en 2014 al 95%.
Riesgo. Este nivel, dijo, es elevadísimo y sobrepasa cualquier estándar de un manejo adecuado de la deuda.