El Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya, lamentó este miércoles que la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados haya aprobado el contrato de litio, firmada con la empresa rusa Uranium One Group, sin informar a las poblaciones involucradas sobre los impactos ambientales que podría ocasionar la extracción de litio en el Sayar de Uyuni.
Fuente: ANF
“No estamos propiamente en contra de ninguna actividad económica, pero el desarrollo de una actividad que tenga impacto ambiental, mínimamente debe cumplir con el requisito de informar a la población y consultar a la población involucrada en ese proyecto. Lamentamos que se haya avanzado desoyendo esta sugerencia que nosotros hemos realizado”, declaró Callisaya.
La comisión de Diputados aprobó el contrato de asociación suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group para la instalación de un proyecto industrial de producción de carbonato de litio en Potosí.
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El contrato incluye una inversión superior a los $us 975 millones para la construcción de una planta con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
El contrato fue aprobado en la comisión de Diputados en medio del rechazo de legisladores potosinos y de dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). La comisión fue instalada en piso 18 de la Asamblea Legislativa.
En el pleno de la comisión y en sus respectivos curules, sólo estuvieron los parlamentarios habilitados y las visitas estaban el piso 20, desde dónde aún los diputados y cívicos se opusieron al tratamiento y la aprobación. Aun así, el arcismo optó por el voto secreto y logró aprobar el contrato de litio.
Lissa Claros y Miguel Roca, legisladores de Comunidad Ciudadana, indicaron que el arcismo tiene compromisos firmados a espaldas de la población, por eso insisten en la aprobación de los contratos de litio a tres meses de terminar el Gobierno.
El Defensor del Pueblo recordó que interpuso una medida cautelar ante el Juzgado Agroambiental de La Paz contra los contratos de litio para demandar que se paralice el tratamiento mientras no se socialice el impacto ambiental que podría ocasionar en el Salar de Uyuni y a las comunidades aledañas.
“La Defensoría del Pueblo en semanas pasadas, a mediados de julio, ha planteado una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, solicitando que la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Diputados, se abstenga de tratar el tema mientras no se informe a la población acerca del impacto ambiental respecto a los recursos hídricos”, puntualizó Callisaya.
Entre tanto, el Gobierno descartó realizar la consulta previa libre e informada mientras no se tenga el proyecto final.
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