Ríos señaló que existen protocolos, procedimientos y normativas que deben cumplirse en los recintos penitenciarios del país y que, de comprobarse el ingreso de un aparato telefónico al penal donde se encuentra Camacho, corresponderá aplicar las sanciones establecidas en la normativa penitenciaria.
eju.tv / Video: DTV
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este martes por la noche que instruyó al Director General del Régimen Penitenciario asumir las medidas correspondientes e iniciar una investigación por la difusión de un audio atribuido al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que circuló en las pasadas horas. Indicó que la investigación tiene que ver con la tenencia de objetos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios, entre ellos, teléfonos celulares.
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«Se tienen que cumplir ciertas normas dentro de los recintos penitenciarios en nuestro país. En ese sentido, se ha instruido al Director General del Régimen Penitenciario que asuma las medidas y acciones correspondientes, en función de que todos los privados de libertad deben gozar de los mismos derechos y condiciones», sostuvo la autoridad, en contacto con medios de prensa.
Ríos señaló que existen protocolos, procedimientos y normativas que deben cumplirse en los recintos penitenciarios del país y que, de comprobarse el ingreso de un aparato telefónico al penal donde se encuentra Camacho, corresponderá aplicar las sanciones establecidas en la normativa penitenciaria.
“Esto se hace para que posteriormente no se diga que es parte de alguna persecución o de acciones impulsadas desde el Ejecutivo nacional. Lo que corresponde es dar cumplimiento a las normas y protocolos vigentes”, dijo Ríos.
Las declaraciones del ministro se dan, luego que en pasadas horas ciruculó en las redes sociales un audio en el que se escucha una supuesta conversación entre Luis Fernando Camacho y Efraín Suárez, en la que el gobernador cruceño cuestiona al candidato presidencial de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, y presuntamente anticipa una ruptura con esa alianza política, porque el empresario tendría la intención de reformar la Constitución Política del Estado para legalizar el matrimonio gay.