Labor. Se están tomando acciones administrativas y legales para resguardar el área, considerada estratégica para proteger a la población de posibles desbordes del río Piraí y a su vez garantizar la seguridad hídrica
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
La Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio Departamental de Calidad Ambiental, la Dirección de Ordenamiento Territorial y el Searpi, se trasladó al municipio de Montero para realizar una inspección tras recibir una denuncia por presunto avasallamiento entre diques de contención, infraestructuras construidas para proteger a la población ante posibles crecidas del río Piraí.
La denuncia fue presentada por el Concejo Municipal de Montero, cuyos miembros también participaron en la inspección. Durante el recorrido, se constató la presencia de asentamientos ilegales sobre una servidumbre ecológica ubicada entre dos diques construidos por el Searpi tras las riadas de 1983, infraestructura considerada fundamental para la seguridad hídrica y la protección contra inundaciones.
El director de Ordenamiento Territorial de la Gobernación, Ricardo Valverde, explicó que la servidumbre ecológica tiene 25 metros de protección a cada lado y que en el sector ya se han construido viviendas y abierto calles.
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“Estamos enviando un oficio a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para verificar si han otorgado permisos de desmonte en la zona. Asimismo, solicitaremos al Gobierno Municipal de Montero que realice la verificación correspondiente, de manera que ambas instituciones actúen en el marco de sus competencias para proteger esta obra y su vegetación, evitando riesgos ante una posible riada”, señaló.
Por su parte, Juan Manuel Antony, director de obras del Searpi, recordó que existe un marco normativo vigente que establece la protección y conservación de estas áreas. Advirtió que no se permitirá que unas pocas familias pongan en riesgo a toda la población asentándose en zonas de protección, por lo que se iniciarán las acciones legales correspondientes para sancionar a los responsables y sentar un precedente por delito ambiental.
Asimismo, alertó que se han identificado asentamientos ilegales en otras llanuras de inundación en diferentes municipios y cuencas del departamento, por lo que se están elaborando proyectos y gestionando financiamiento para fortalecer la protección de estas áreas.