Justicia ordena liberación de 12 cubanos y los deriva al Conare para el trámite de refugiados


Entre los 12 cubanos que buscan refugio en el país figuran dos menores de edad y una periodista independiente. Otros 5 ciudadanos procedentes de Cuba optaron por retornar a su país

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: eldeber.com.bo



La Justicia boliviana concedió acción de libertad a 12 de los 17 cubanos ciudadanos cubanos que permanecían retenidos en la sala de inadmitidos del aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, y ordenó su remisión a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) para regularizar su situación en el país.

Los beneficiados, que ingresaron al país con visa de turismo otorgada por el consulado de Bolivia en La Habana, denunciaron que fueron retenidos por Migración y que no se les permitió comunicarse con familiares ni contar con defensa legal hasta la intervención del abogado César Cardona.

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Un familiar de uno de los refugiados, que pidió mantener en reserva su identidad, aseguró a EL DEBER que ni la Defensoría del Pueblo de Bolivia ni el Consulado de Cuba intervinieron en el caso.

“Todo fue gestión del doctor César Cardona y de algunos familiares; él logró que la jueza reconozca que hubo privación de libertad sin debido proceso, violando derechos fundamentales como el derecho a la comunicación, a la locomoción y a la defensa”, afirmó.

El entrevistado explicó que el grupo estaba conformado por 17 cubanos, pero cinco se desmarcaron del proceso y habrían optado por retornar a su país. “Ellos no fueron incluidos en la audiencia, así que desconocemos su situación migratoria actual”, dijo.

Entre los 12 cubanos que buscan refugio en el país figuran dos menores de edad y la periodista independiente Orlidia Barceló Pérez, señalada como perseguida política por las autoridades cubanas y respaldada por la Red Voces del Sur, que es un conjunto de 17 organizaciones de sociedad civil (OSC) que trabajan para promover y defender la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a información a lo largo de América Latina. Según el familiar, la situación de los menores y de la periodista tuvo un peso especial en la decisión judicial.

La defensa sostiene que el problema se originó por una mala gestión de un tramitador privado, que no coordinó correctamente la entrada y regularización de los migrantes en Bolivia, pese a que todos contaban con visas de turismo emitidas legalmente.

“No hubo fraude ni delitos; ingresaron de manera legal, pero aquí quisieron deportarlos sin permitirles un procedimiento justo ni representación legal”, enfatizó la fuente.

Por ahora, residentes cubanos en Bolivia y algunos familiares alojarán a los cubanos mientras avanza su trámite ante el Conare. Las autoridades bolivianas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de inacción institucional.

Pedido de la Defensoría

Esta mañana, la Defensoría del Pueblo pidió que se otorgue refugio a los cubanos recordando que existen varias disposiciones que amparan a las personas extranjeras solicitantes de refugio, entre ellas, la Ley 370 que señala, en su artículo 26, que las personas solicitantes de refugio quedan exentas de la prohibición de ingreso al territorio nacional.

“Como Institución Nacional de Derechos Humanos del Estado Plurinacional de Bolivia, exhortamos a las entidades competentes a garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos y ratificados por el Estado, incluyendo el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, la CPE y las leyes nacionales de protección internacional, asegurando que las personas extranjeras que requieran la protección del Estado puedan acceder de manera efectiva al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado y ejercer plenamente este derecho conforme a la normativa vigente y los estándares internacionales de derechos humanos”, señala otro párrafo del comunicado.

Sin embargo, no se presentó ningún representante de la Defensoría a la audiencia de acción de libertad, según los familiares de los cubanos. EL DEBER se contactó con representantes de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz para conocer sus gestiones en este caso, pero no hubo respuestas.