El préstamo del organismo internacional fue observado por el gobierno de Arce por presuntamente la falta de aprobación sin consentimiento de la Asamblea Legislativa, para el cual se argumentó la falta de documentación de respaldo.
eju.tv
El Palacio de Justicia de Santa Cruz será el escenario de las audiencias cautelares por el caso del préstamo de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), mismas que se fijaron para este miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto, a partir de las 9.00 horas, informaron a eju.tv fuentes allegadas al caso.
El proceso judicial investiga el crédito internacinal otorgado al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en abril de 2020, y luego, el gobierno de Luis Arce, a través del Banco Central de Bolivia (BCB) dispuso su devolución en febrero de 2021.
El préstamo del organismo internacional fue observado por el gobierno de Arce por presuntamente la falta de aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa, que avale el crédito, para el cual se argumentó la falta de documentación de respaldo. Tras el hecho, se dispuso el pago, mismo que incluyó un recargo por comisiones e intereses de 4,7 millones de dólares. Hecho que también se cuestionó por la afectación a las cuentas del Estado boliviano.
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Los acusados
Entre los procesados se encuentran el exministro de Economía, José Luis Parada; el expresidente del BCB, Guillermo Aponte, los exdirectores del ente emisor: Armando Pinel, Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza; además del exgerente de operaciones Walter Erick Guzmán Tordoya. A ellos se suman los exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Carlos Schlink y Cristhian Morales.
Según los antecedentes, en marzo de 2021, el Ministerio de Justicia impulsó un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez por este mismo caso, bajo los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Uno de los acusados sostuvo que, la demanda judicial actual se interpreta como un proceso político y que busca responsabilizar a técnicos y exautoridades, mientras actualmente el país atraviesa una de sus peores crisis de liquidez externa, por la falta de dólares, con un doble juzgamiento por una misma causa, lo que vulnera principios básicos de legalidad y el debido proceso.