La petroquímica fue nacionalizada en 2012, durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Tras adquirir el 51% de YPF e indemnizar a Repsol (antiguo accionista), el país fue demandado por accionistas minoritarios que no recibieron ninguna compensación.
Fuente: Globo G1
Un tribunal de apelaciones de Nueva York aceptó, este viernes (15), la solicitud del gobierno argentino de suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF.
La decisión es válida mientras se analizan los recursos relacionados con el fallo que obliga al país a indemnizar a dos empresas afectadas por la nacionalización de la petrolera.
YPF es una empresa petroquímica estatal nacionalizada en 2012, durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner .
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En ese momento, Argentina tomó el control del 51% de las acciones de YPF, entonces parcialmente controlada por el gigante español Repsol, que recibió US$ 5.000 millones en compensación dos años después (R$ 10.200 millones al tipo de cambio de la época).
Los accionistas minoritarios, como Petersen Energía y Eton Park Capital, no recibieron la compensación, lo que los llevó en 2015 a presentar una demanda alegando que el país no realizó la oferta pública de adquisición (OPA) requerida por la ley.
Tras fallar en contra de Argentina en septiembre de 2023, la jueza federal estadounidense Loretta Preska ordenó el 30 de junio que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones de YPF.
La medida, según la decisión, pretendía garantizar «parcialmente» el pago de US$ 16,1 mil millones (R$ 86,8 mil millones) a dos empresas que poseían el 25,4% del capital de la petrolera antes de la nacionalización.
Argentina apeló la decisión y pidió que se suspenda la orden de Preska , una solicitud aceptada el viernes por un tribunal de apelaciones de Nueva York.
«Después de la debida consideración, se ordena que se concedan las mociones de suspensión y que las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 queden suspendidas en espera de la resolución de las apelaciones», dictaminó en su orden Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Segundo Tribunal de Circuito en Manhattan.
El gobierno del presidente Javier Milei celebró la decisión. En un comunicado, el gobierno afirmó que la medida «garantiza que la República Argentina mantenga la participación mayoritaria del Estado Nacional en la empresa mientras se tramita la apelación».
La orden del tribunal «no afecta el curso del recurso de casación sobre el fondo contra la sentencia dictada en septiembre de 2023», añadió.