La situación ha generado incertidumbre entre los residentes de la zona, como don Alberto Q., quien declaró a medios locales que ellos tienen los «papeles al día en Achocalla, pero ahora dicen que pertenecemos a El Alto. Hemos quedado flotando». Esta expresión refleja la frágil situación de cientos de familias que enfrentan problemas para acceder a servicios básicos debido a la disputa jurisdiccional.
Una reunión entre autoridades originarias de El Alto y Achocalla para definir los límites territoriales entre ambos municipios fue suspendida tras intensas discusiones que escalaron hasta el lanzamiento de pedradas entre vecinos.
El incidente ocurrió luego de que las autoridades originarias habían llegado a un acuerdo, pero los vecinos de El Alto se opusieron a la construcción del mojón limítrofe bajo el argumento que afectaría sus derechos territoriales.
Según videos difundidos en redes sociales, los vecinos alteños expresaron su desacuerdo con la delimitación propuesta y exigieron que la construcción del hito limítrofe se realice en otro sector.
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Al ver que sus reclamos no eran atendidos y que la maquinaria iniciaba los trabajos de construcción, los vecinos comenzaron a lanzar piedras contra los obreros y equipos de trabajo, por lo que se tuvo que suspender la reunión y las actividades de delimitación.
Este conflicto representa un capítulo más de una disputa territorial que se arrastra desde octubre del año pasado cuando 269 urbanizaciones quedaron en situación de limbo administrativo debido al conflicto limítrofe entre ambos municipios. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una medida cautelar que obliga a Achocalla a paralizar toda acción administrativa en estas zonas hasta que se resuelva un proceso de nulidad interpuesto por El Alto.
La situación ha generado incertidumbre entre los residentes de la zona, como don Alberto Q., quien declaró a medios locales que ellos tienen los «papeles al día en Achocalla, pero ahora dicen que pertenecemos a El Alto. Hemos quedado flotando». Esta expresión refleja la frágil situación de cientos de familias que enfrentan problemas para acceder a servicios básicos debido a la disputa jurisdiccional.