El caso fue denunciado por el diputado Héctor Arce, quien reveló que ambos hermanos recibieron créditos por un total de 63 millones de bolivianos del Banco Ganadero para la transacción. El legislador ha cuestionado la procedencia de estos préstamos y señaló que en el momento de la operación Rafael tenía 25 años y su hermana apenas 20 y que ambos carecían de experiencia comprobada en actividades productivas que justificaran el desembolso bancario.
La Fiscalía de La Paz intensificó las investigaciones sobre la adquisición del predio Adán y Eva en Santa Cruz al conminar formalmente a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a que entregue el informe completo sobre los movimientos financieros de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce. El fiscal del caso, Aldo Mesa, confirmó hoy (14) que mantiene vigente la alerta migratoria contra el hijo del mandatario, quien según los últimos reportes aún se encontraría en territorio nacional.
«Hemos solicitado el informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se ha emitido también un requerimiento a modo de conminatoria a efecto de que puedan de una vez emitir esos informes que ellos se ven obligados ante la solicitud del Ministerio Público», afirmó Mesa en conferencia de prensa.
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El fiscal enfatizó la importancia del documento para el desarrollo del caso y señaló que «ese informe es fundamental para tomar una determinación para la situación jurídica de estas dos personas que están siendo investigadas». La referencia incluye tanto a Rafael Arce Mosqueira como a su hermana Camila, ambos investigados por la millonaria operación inmobiliaria que ha generado controversia pública.
Sobre la situación actual del hijo del presidente, Mesa proporcionó detalles sobre las medidas restrictivas implementadas. «Es necesario aclarar que se ha emitido alerta migratoria para Mosqueira en agosto» y reveló que la medida preventiva lleva meses vigente. El fiscal añadió que según los últimos reportes de Migraciones, «Arce Mosqueira estuviera en el país todavía», aunque reconoció la intensa actividad migratoria registrada en su nombre.
El caso fue denunciado por el diputado evista Héctor Arce, quien reveló que ambos hermanos recibieron créditos por un total de 63 millones de bolivianos del Banco Ganadero para la transacción. El legislador ha cuestionado la procedencia de estos préstamos y señaló que en el momento de la operación Rafael tenía 25 años y su hermana apenas 20 y que ambos carecían de experiencia comprobada en actividades productivas que justificaran el desembolso bancario.