El líder transportista estableció un plazo para ser escuchado y afirmó que «en 15 días nos tienen que convocar a esa reunión, porque no puede ser que nuestro sector, el sector más afectado, esté otra vez discriminado». Ramos acusó al Ministerio de Obras Públicas de privilegiar a dirigentes afines al MAS mientras margina al «verdadero sector» que sostiene la economía nacional.
La Confederación del Transporte Pesado Nacional exigió hoy (24) al Gobierno de Rodrigo Paz la inmediata aprobación de una ley antibloqueos y convocó a una reunión urgente para abordar los constantes paros que afectan la circulación de mercancías, tras sufrir pérdidas millonarias durante los 24 días de paralización del país en 2024.
«Vamos por carreteras en Cochabamba, Santa Cruz, está totalmente destrozada, derrumbes por aquí, derrumbes por allá, los bloqueos, anterior semana en Villa Tunari, todo el día, cuando no tiene la culpa el Transporte Pesado, culpables son las mismas autoridades interiores de esa localidad», declaró el dirigente Hugo Domingo Ramos, al detallar el crítico estado de las vías y los recurrentes bloqueos que sufren.
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Ramos dirigió un fuerte reclamo al nuevo Gobierno y señaló que «el Transporte Pesado una vez más pide, sugiere al presidente Rodrigo Paz y a los parásitos del gobierno, recientemente que se han posesionado, y una vez trabajan en ese proyecto de ley para penalizar este tipo de bloqueos», y exige acciones concretas contra las interrupciones viales.
El líder transportista estableció un plazo para ser escuchado y afirmó que «en 15 días nos tienen que convocar a esa reunión, porque no puede ser que nuestro sector, el sector más afectado, esté otra vez discriminado». Ramos acusó al Ministerio de Obras Públicas de privilegiar a dirigentes afines al MAS mientras margina al «verdadero sector» que sostiene la economía nacional.
La demanda se produce en un contexto donde los bloqueos carreteros han causado estragos en la economía boliviana. Entre octubre y noviembre de 2024, el país experimentó 24 días consecutivos de paralizaciones impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales que provocaron pérdidas calculadas en 2.100 millones de dólares y dejaron a departamentos como Cochabamba completamente incomunicados.