Aseguran que la lentitud con la que avanzan algunos casos de corrupción en instancias judiciales solo lleva a sospechar sobre un posible “manto de complicidad” respecto a todo lo ocurrido durante los gobiernos del MAS. Cuestionan que, a pesar de existir indicios claros y denuncias sobre actos de corrupción, el Ministerio Público no actúe con la prontitud y eficiencia que la ciudadanía demanda. Señalan que la “Comisión de la Verdad” planteada por el Gobierno es innecesaria cuando el problema pasa por una mejor coordinación entre operadores de justicia.
Fuente: El Diario
Ante la gravedad de los casos de corrupción descubiertos en entidades como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) o en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB), el analista e investigador Manuel Morales Álvarez cuestionó la falta de celeridad demostrada por autoridades de justicia, permitiendo la fuga de los principales involucrados en estos hechos, también observó que la denominada “Comisión de la Verdad”, anunciada por el gobierno, no se consolida.
En el caso de YPFB, Morales recordó que el trabajo de una Comisión del Parlamento respecto al caso Botrading, ya había revelado irregularidades en la estatal petrolera, pese a ello, desde el Ministerio Público no se hizo el respectivo acompañamiento ni se impulsaron las acciones judiciales que correspondían para hacer que los involucrados se sometan a la justicia.
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Para el especialista, la lentitud con la que avanza el caso Botrading, hasta la actualidad, solo lleva a sospechar sobre un posible “manto de complicidad” respecto a todo lo ocurrido durante los gobiernos del MAS.
“Las medidas que se han tomado, como allanamientos y otros, han sido infructuosas”, sostuvo.
A esto se suman las denuncias del gobierno sobre la corrupción descubierta en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en la que se habló de ventas irregulares, sobreprecio y desvío de combustible, al grado de estimar que hasta un 30% del carburante subvencionado por el Estado se va al contrabando.
Por otro lado, está el caso del exgerente de Emapa, Franklin Flores, a quien el Ministerio Público benefició con detención domiciliaria, pese a todos los indicios que lo involucran en actos de corrupción, determinación que nuevamente lleva a sospechar de algún grado de complicidad en los administradores de justicia encargados del proceso. “Prácticamente le permitieron escapar”.
En criterio de Morales, es cuestionable que, a pesar de existir indicios claros y denuncias sobre actos de corrupción en YPFB, Emapa y otras entidades públicas, no se haya actuado con la prontitud y eficiencia que la ciudadanía demanda, más si se toma en cuenta que desde el inicio del gobierno de Luis Arce ya se tenían evidencias sobre hechos de corrupción.
Sobre el anuncio del presidente Rodrigo Paz respecto a la conformación de una “Comisión de la Verdad” encargada de investigar estas irregularidades, el analista lamentó que la propuesta del primer mandatario haya quedado solo como una buena intensión, tomando en cuenta que hasta la fecha no se conoce si esta comisión llegó a constituirse, más allá del choque de competencias que se pueda generar respecto al trabajo de la Fiscalía.
“El tema de la Comisión de la Verdad es algo innecesario y que no está funcionando, a esto se suma que recién los funcionarios del Ministerio Público están actuando cuando ya deberían haberlo hecho antes (…). Algo está fallando a nivel de coordinación y el funcionamiento pleno de la Fiscalía y los operadores de justicia”, concluyó.
Esta semana, reprochando que los encargados de las investigaciones en el caso de las supuestas irregularidades en YPFB no hayan emitido órdenes de aprehensión y alertas migratorias contra Armin Dorgathen, en su debido momento, el asambleísta nacional por La Paz, Carlos Alarcón, apuntó a fiscales por haber incurrido en una clara acción de favorecimiento hacia la exautoridad.
Según Alarcón, la Fiscalía de La Paz tuvo la oportunidad de aprehender al extitular de YPFB cuando se presentó a prestar declaraciones por el caso Botrading; sin embargo, se optó por dejarlo en libertad.
“Aquí ha habido una clara acción de favorecimiento, una clara acción de encubrimiento a las acciones de Dorgathen y por eso estoy haciendo conocer con una nota oficial al fiscal General del Estado”, añadió Alarcón, reprochando que, pese a existir un informe de investigación sobre las irregularidades en Botrading, emitido por una comisión de la ALP, se haya actuado con lentitud y negligencia.
Fuente: El Diario