Consultado sobre la responsabilidad directa y el beneficio económico del expresidente, Quispe fue categórico: “Él es el responsable de haber transferido los recursos”. Aunque aclaró desconocer el monto exacto que Arce pudo haber recibido, insistió en que su autorización con “puño y letra” para transferencias millonarias a personas como Ancieta o Patty configura delitos como cohecho y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
El exviceministro y exdiputado Rafael “Tata” Quispe afirmó esta tarde (10) que la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora representa la primera captura de un “pez gordo” dentro de la investigación del millonario desfalco al Fondo Indígena. Quispe sostiene que Arce, como parte del directorio de la institución y entonces ministro de Economía, autorizó personalmente las transferencias irregulares de fondos públicos a cuentas particulares de allegados y así desvió recursos destinados a las comunidades más pobres.
“Los documentos que le hemos presentado al vicepresidente (Edmand Lara), a la fiscalía, le hemos presentado donde él (Arce) instruye a que dineros públicos sean depositados a cuentas particulares. Juanita Ancieta 10 millones (de bolivianos), Melva Hurtado 20 millones, así sucesivamente les han repartido. En esta situación la señora Lidia Patty más de un millón”, declaró la exautoridad y señaló montos y beneficiarios específicos.
Al detallar las acusaciones, Quispe presentó lo que describe como evidencia documental entregada a las autoridades y así justificó la centralidad del caso contra Arce en la magnitud del daño económico a las arcas del Estado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Por eso decía, detengan a los peces gordos, no solamente a los ispis. El primer pez gordo que está deteniéndose, lo que quiere el pueblo boliviano es que se recupere el dinero”, enfatizó Quispe y agregó que el dinero sustraído, que él estima en más de mil millones de bolivianos, “estaba dispuesto para los más pobres” y hubiera significado un cambio para el Altiplano y el campo.
Sin embargo, Quispe expresó escepticismo sobre la imparcialidad y efectividad del sistema judicial, basándose en antecedentes recientes. Citó el caso del exgerente de EMAPA, Franklin Flores, quien tras ser aprehendido recibió detención domiciliaria y luego, según Quispe, logró escapar. “A mí no me van a contar el cuento del tío, han charlado seguramente con algún juez, fiscal, algún policía y le han dejado escapar”, manifestó y ahora espera que con Arce no se repita ese patrón y se aplique una detención preventiva efectiva.
Consultado sobre la responsabilidad directa y el beneficio económico del expresidente, Quispe fue categórico: “Él es el responsable de haber transferido los recursos”. Aunque aclaró desconocer el monto exacto que Arce pudo haber recibido, insistió en que su autorización con “puño y letra” para transferencias millonarias a personas como Ancieta o Patty configura delitos como cohecho y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
La ofensiva pública de Quispe contra Arce no es nueva. El mes pasado, se dirigió personalmente a la Vicepresidencia para entregar documentación sobre el caso Fondioc y pedir al vicepresidente Edmundo Lara que actúe contra el exmandatario, por su presunta implicación en el desfalco que oficialmente causó un daño económico al Estado de unos 102 millones de bolivianos.
El caso del Fondo Indígena se ha convertido en uno de los emblemas de la lucha anticorrupción del nuevo Gobierno de Rodrigo Paz. La aprehensión de Luis Arce, quien además de expresidente fue ministro de Economía durante la gestión de Evo Morales, marca un punto de inflexión al llevar al banquillo a una de las figuras más prominentes del anterior régimen, tal como demandaban sectores críticos como el representado por el “Tata” Quispe.
La expectativa ahora se centra en si el proceso judicial logrará no solo sostener la detención, sino también demostrar los cargos y, fundamentalmente, recuperar los recursos desviados, que según los denunciantes fueron saqueados de un fondo creado precisamente para apoyar el desarrollo de los pueblos originarios y comunidades campesinas.