El exministro de Gobierno solicitó al Ministerio Público que se requiera información oficial al SEPREC para desvirtuar declaraciones públicas de la fiscal asignada al caso, a quien acusa de realizar afirmaciones falsas que afectan su dignidad y derechos constitucionales.
Murillo cuando fue trasladado al país desde Estados Unidos. Foto: Brujula Digital
El exministro de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic, presentó un memorial ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz, en el que cuestiona de manera directa a la fiscal asignada a su caso, María Rene Delgado, por declaraciones realizadas públicamente que, afirma, carecen de sustento probatorio y vulneran sus derechos fundamentales
El documento, registrado dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de uso indebido de influencias, surge luego de que la fiscal Delgado afirmara, en una conferencia de prensa realizada la pasada jornada, que Murillo habría sido socio de la empresa “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.” y que dicha firma habría realizado depósitos vinculados al caso. El exministro rechaza de forma categórica esas afirmaciones y las califica como falsas y alejadas de la verdad.
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En el memorial, Murillo sostiene que la fiscal no presentó ninguna prueba material que acredite su supuesta condición de socio de la mencionada empresa, lo que vulnera, argumenta, el principio de verdad material consagrado en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. En ese marco, señala que las declaraciones públicas realizadas por la representante del Ministerio Público afectaron su dignidad y su imagen.
“Señor Fiscal, como es de su conocimiento, el día de ayer 17 de diciembre de 2025, la Fiscal María Rene Delgado, mediante una Conferencia de Prensa, ante medios de comunicación, manifestó textualmente: “…Murillo era socio de la empresa, según consta es el grupo Inmobiliario el Doral, que entrego la suma en cuestión en tres depósitos…”, extremo que es totalmente falso y alejado de la verdad, toda vez que, bajo el principio de verdad material consagrado en el Art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, dicha Fiscal”, afirma.
El exministro Arturo Murillo. Foo
Con el objetivo de desvirtuar dichas afirmaciones, el exministro solicitó formalmente que se requiera al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) la certificación oficial sobre dos aspectos concretos; primero, si Arturo Carlos Murillo Prijic figura o no como socio de “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”; y, segundo, la nómina de socios registrados de esa empresa. El requerimiento se ampara en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, bajo el argumento de utilidad y pertinencia probatoria.
En el memorial advierte además que, en caso de que su solicitud no sea atendida, el extitular de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez se reserva el derecho de iniciar acciones legales y constitucionales, al considerar que las declaraciones de la fiscal constituyen una afectación reiterada a sus garantías y derechos fundamentales.
El documento fue presentado este jueves ante la Fiscalía Departamental de La Paz y se centra en la observación de la actuación de la fiscal del caso; “bajo alternativa de iniciar las acciones legales y constitucionales que la ley me franquea, en caso de hacer caso omiso a mi petición, toda vez que, gracias a las declaraciones falsas realizas por la Fiscal María Rene Delgado, se ha visto mellada mi dignidad, una vez más, ante la sociedad, vulnerando flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales”, puntualiza.
El miércoles, la fiscal de Legitimación de Ganancias Ilícitas rechazó que los $us 820.000 incautados dentro del proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo hayan desaparecido o que se los haya devuelto, y aseguró que se encuentran bajo resguardo legal en la Dirección de Control y Registro de Bienes Incautados (Dircabi), conforme a una resolución judicial. Delgado explicó que el Ministerio Público actuó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Tercero de la ciudad de La Paz, con fecha 21 de octubre de 2021.