Régimen Penitenciario reafirmó su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de las decisiones judiciales, al tiempo que exhortó a la población «a informarse por canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada». El comunicado busca cerrar la polémica generada por las afirmaciones de la defensa y así establece la versión institucional como la única oficial y verificada sobre las condiciones de detención del expresidente.
La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió esta tarde (16) un comunicado oficial para contrarrestar versiones que alertaban sobre un peligro para la integridad del expresidente, Luis Arce, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz. La institución asegura que no existen reportes de riesgo y que el detenido cuenta con condiciones de convivencia, seguridad y salud conforme a la normativa.
El pronunciamiento, estructurado en cinco puntos, descarta que la vida del exmandatario «corre peligro» al interior del penal y que no gozaba de una celda propia. Frente a estas acusaciones, el Régimen Penitenciario fue categórico en su quinto punto: «La Dirección General de Régimen Penitenciario no tiene reportes oficiales que confirmen situaciones de riesgo inminente para la integridad del interno mencionado».
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De esta manera, el comunicado oficial responde directamente a las declaraciones del abogado defensor de Arce, Héctor Tapia, que afirmó, sin pruebas, que la vida de su defendido está en peligro.
Respecto a las condiciones de alojamiento, el comunicado aclara en su segundo punto que «el privado de libertad convive en una celda junto a una persona conocida». Esta medida, según la autoridad, fue «asumida y acordada de manera conjunta» por el propio Arce, su familia y el personal de seguridad, con el fin declarado de preservar su «tranquilidad y seguridad personal». Esto contradice la versión del abogado sobre la falta de una celda.
En materia de seguridad y contactos externos, el tercer punto del comunicado garantiza que el penal cuenta con personal que vela por el orden y que «el privado de libertad recibe visitas de familiares y personas allegadas» bajo los controles establecidos. Asimismo, se afirma que el expresidente «recibe atención médica continua y especializada desde su ingreso al recinto», con lo que se precautela su salud, según los protocolos.
El documento reafirma, en su primer punto, que el tratamiento de toda persona privada de libertad se rige por la normativa y los principios de «igualdad y no discriminación, sin distinción de condición social, política o cargo previo». Con esto, la institución busca enmarcar su gestión dentro de un estricto marco de legalidad e imparcialidad.
Por último, el Régimen Penitenciario reafirmó su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de las decisiones judiciales, al tiempo que exhortó a la población «a informarse por canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada». El comunicado busca cerrar la polémica generada por las afirmaciones de la defensa y así establece la versión institucional como la única oficial y verificada sobre las condiciones de detención del expresidente.