Sebastián Marset compareció el lunes por menos de cinco minutos ante juez, solo para confirmar que conoce los motivos de su aprehensión y la contratación de una defensa legal
El narcotraficante Sebastián Marset ya cuenta con un equipo de abogados que asumirá su defensa en Estados Unidos. En una primera declaración, confirmaron que su defendido comparecerá este viernes ante el juez de su causa en Estados Unidos, y denunciaron que en Bolivia se vulneraron sus derechos cuando se lo expulsó de forma “exprés” tras su captura.
Santiago Moratorio es uno de los miembros del equipo de juristas que asumió la defensa de Marset, quien fue capturado la madrugada del viernes en la ciudad de Santa Cruz y expulsado en la mañana a Estados Unidos.
“En ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración”, aseguró, y añadió que su cliente “no estuvo frente al juez de juicio (porque) la comparecencia ante el juez magistrado fue solo preliminar”.
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El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó el lunes que se tenía información de que el uruguayo expulsado “está dando declaraciones”, aunque aclaró que, “seguramente, ha entablado algún tipo de relación para que pueda dar algún tipo de declaraciones”.
La red Unitel informó que Moratorio presentó al equipo legal que acompaña a Marset, compuesto por los abogados Rodrigo da Silva, uruguayo con más de 26 años en Estados Unidos, y Michael Padula, exfiscal federal con amplia trayectoria en Miami y Washington. Además, está Jean Rossi, quien se encuentra actualmente con el acusado para seguir el caso de cerca.
Para el equipo jurídico, en Bolivia se vulneraron los derechos de su defendido, luego de que fuera entregado a la DEA y expulsado a Estados Unidos sin darle la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
“Entendemos que hubo una vulneración de derechos, un atropello a la normativa de Bolivia; no se respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia o el derecho a la defensa”, afirmó Moratorio.
Tras la captura de Marset, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, explicó que la Ley 370 da la facultad a la Dirección General de Migración para expulsar a una persona que tuviese un proceso penal en otro país.
Moratorio informó que la primera audiencia de Marset fue el lunes y duró menos de cinco minutos, porque solo sirvió para confirmar que Marset conoce los motivos de su aprehensión y la contratación de una defensa legal.