Los antecedentes del caso señalan que se aprobó una estructura organizacional transitoria y una nueva escala salarial para la gestión 2020. En ese contexto, se evidenció un incremento de personal entre mayo y octubre de ese año, con la incorporación de más de 300 cargos, en su mayoría de nivel ejecutivo.
En el marco del proceso penal denominado «EBA Planillas», el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 25, en la ciudad de La Paz, emitió en las pasadas horas sentencia, estableciendo responsabilidades penales por irregularidades en la contratación de personal en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA). De acuerdo con los elementos valorados durante el proceso, estos hechos generaron un daño económico a la empresa estatal por un monto de Bs. 2.832.909,61, señala un comunicado del Ministerio de Justicia.
La autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria contra Karina Fabiola Leiva Añez, quien ejercía funciones como gerente Ejecutiva de EBA, en 2020, declarándola autora y culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, imponiéndole una pena de tres años de privación de libertad a cumplirse en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz.
Los antecedentes del caso señalan que se aprobó una estructura organizacional transitoria y una nueva escala salarial para la gestión 2020. En ese contexto, se evidenció un incremento de personal entre mayo y octubre de ese año, con la incorporación de más de 300 cargos, en su mayoría de nivel ejecutivo, que no se encontraban contemplados en la escala salarial. Asimismo, se identificó que respecto de dichos cargos no se cuenta con respaldo documentado de funciones ni registros de asistencia.
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“Como Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos cumplimos con nuestro rol de denunciar y acompañar los procesos en el marco de nuestras competencias. Estos resultados reflejan la importancia de fortalecer la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos del Estado”, aseveró el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García.
El caso fue denunciado por la estatal, mientras que el Viceministerio de Transparencia se apersonó al proceso como parte coadyuvante y realizó el seguimiento correspondiente en coordinación con el Ministerio Público.