Las autoridades de diferentes instituciones facilitaron toda la documentación solicitada sobre el combustible «desestabilizado» y contratos irregularidades, entre otros.
eju.tv / Video: Gigavisión
La Comisión Especial de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) amplió las pesquisas por el caso de la mala calidad de combustible y pide la desvinculación de todos los funcionarios de la petrolera estatal que hayan ingresado en la gestión del MAS.
«En el informe hemos podido ver que el gobierno saliente le ha hecho mucho daño a Bolivia, han sido muy irresponsables, estamos pidiendo que se desvinculen a estas personas que le siguen haciendo daño al país», sostuvo la presidenta de la comisión, la diputada Ximena Arispe.
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La legisladora destacó el informe que entregó la mañana de este martes el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien indicó que compartirá toda la información proporcionada por YPFB para el esclarecimiento de las irregularidades.
«Aquí veo más un tema político de los legisladores, se equivocan en ir a atacar, no hay una demanda ni denuncia que hayan presentado en la Fiscalía, dicen que tienen los contratos, pero por qué no se acercan a la Fiscalía, más usan la cámara para hacer política», cuestionó la diputada.
Además de Hidrocarburos, las autoridades de diferentes instituciones facilitaron toda la documentación solicitada sobre el combustible «desestabilizado» y contratos irregularidades. Con estos informes preliminares se pudo establecer que los problemas vienen de la anterior gestión y que en YPFB aún trabaja personal contratado por el MAS.
«Estamos pidiendo la desvinculación porque creemos que a nivel de los nueve departamentos hay funcionarios que están haciendo daño, no descartamos pedir la desvinculación con el nombre de un funcionario de las plantas de YPFB o de logística», detalló Arispe.
La comisión recibió documentación del caso Botrading, sobre la adulteración de combustible, el caso contrabando de gas que involucra a Armin Dorgathen y la causa por adulteración de combustible, información que debe ser valorada para que los legisladores identifiquen a los responsables.
