Resulta una falacia sostener que el bloqueo de carreteras o el cerco a las ciudades constituye, por sí mismo, un instrumento legítimo para resolver demandas sociales postergadas o reivindicaciones históricas. La experiencia boliviana demuestra otra cosa: el bloqueo ha derivado, de forma recurrente, en un mecanismo de confrontación política antes que en una vía efectiva de solución.
A lo largo del tiempo, distintos actores han recurrido a esta práctica no solo para visibilizar demandas, sino también para presionar, desgastar o desafiar al poder político. En ese tránsito, el bloqueo dejó de ser un recurso excepcional y se convirtió en una práctica frecuente, con altos costos para la economía, la institucionalidad y la vida cotidiana de millones de bolivianos.
Hoy, en una etapa que demanda reconstrucción democrática, el bloqueo persiste como herramienta de presión. Organizaciones, sectores y actores políticos que han perdido espacios de poder encuentran en esta práctica un mecanismo para reposicionarse. El resultado es previsible: incertidumbre, paralización productiva, afectación a la provisión de bienes básicos y un deterioro sostenido de la convivencia social.
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Frente a este escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene una responsabilidad ineludible. No se trata de imponer visiones extremas, ni de izquierda ni de derecha, sino de construir una norma equilibrada, razonable y aplicable que regule el ejercicio de la protesta sin permitir la vulneración de los derechos de terceros.
Sin embargo, una ley de estas características difícilmente tendrá legitimidad si se percibe como producto exclusivo de una correlación política circunstancial. Por ello, una salida democrática, sólida y sostenible pasa por someter esta cuestión a la decisión directa de la ciudadanía.
Un referendo vinculante permitiría que sean los propios bolivianos quienes definan los límites entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación, al trabajo y al abastecimiento. Una norma respaldada por mayoría popular no solo tendría mayor legitimidad, sino también mayores posibilidades reales de cumplimiento.
No se trata de criminalizar la protesta ni de llenar cárceles. Se trata de desterrar las prácticas que impiden el crecimiento de la economía, que promueven la confrontación y que terminan afectando a toda la sociedad. Se trata, en definitiva, de establecer responsabilidades.
En los últimos años hemos vivido paros y bloqueos por diversas demandas insatisfechas. Por ejemplo, el bloqueo para lograr la realización del Censo de Población; bloqueos de carreteras para obligar al gobierno a abrogar un decreto; ahora se desarrolla una movilización que exige la eliminación de una ley. Pocos días atrás se negoció y levantó un bloqueo por un reclamo sectorial entre transportistas interprovinciales y departamentales en Cochabamba. Hemos llegado al extremo de que cualquier demanda insatisfecha puede derivar en la decisión de bloquear carreteras.
En estos días estamos frente a amenazas de movilización y bloqueo generalizado, organizaciones sindicales urbanas y rurales se preparan para poner al gobierno contra las cuerdas. Sería ingenuo pensar que la estrategia busque satisfacer demandas sectoriales o nacionales, es una acción política que busca desestabilizar y tomar el poder.
Desterrar el bloqueo como práctica abusiva no implica silenciar las demandas, sino encauzarlas por vías que fortalezcan la democracia en lugar de erosionarla. Solo así Bolivia podrá mirar hacia adelante con estabilidad, generar confianza, atraer inversiones y consolidar proyectos estratégicos que hoy se ven constantemente amenazados.
El desafío es claro: pasar de la confrontación permanente a la construcción de reglas compartidas. Y esa decisión, en última instancia, debe recaer en la voluntad soberana del pueblo boliviano.
La Asamblea Legislativa Plurinacional es el escenario. Debatan, socialicen, cumplan su rol histórico, promuevan el referendo. Aliviemos una carga histórica y midamos si los bolivianos estamos listos para desterrar el bloqueo.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional