Junto a las exautoridades también fueron condenados Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, cada uno a 6 años de prisión. Todos los sentenciados quedarán además inhabilitados para ejercer cargos públicos o por elección.
El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz emitió este jueves la Sentencia 78/2026 dentro del denominado «caso coimas», con condenas que alcanzan hasta 10 años de cárcel para exautoridades del ministerio de Medio Ambiente y Agua, de la gestión de gobierno de Luis Arce.
El exministro Juan Santos Cruz fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una condena de 6 años de cárcel, en un proceso que se inició tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023, informó la Procuraduría General del Estado.
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La investigación, seguida por la Fiscalía y acompañada por la Procuraduría y el Viceministerio de Transparencia, estableció responsabilidades penales en un esquema de cobros irregulares para la adjudicación de obras públicas.
Junto a las exautoridades también fueron condenados Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, cada uno a 6 años de prisión. Todos los sentenciados quedarán además inhabilitados para ejercer cargos públicos o por elección una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
Según el fallo, el caso provocó un daño económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos. Asimismo, se instruyó al Ministerio Público proceder con la identificación y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el exministro y su entorno habrían realizado movimientos económicos millonarios para la adquisición de inmuebles y vehículos, presuntamente financiados con recursos provenientes del cobro de coimas a empresas adjudicadas a obras.
El exministro cumple una detención preventiva desde mayo de 2023, en el marco de este caso por legitimación de ganancias ilícitas, tras denuncias sobre cobros irregulares en procesos de contratación estatal.