En el caso del magisterio rural, la disputa dirigencial y la falta de rendición de cuentas de al menos 14 millones de bolivianos han derivado en movilizaciones y en la observación del Ministerio de Trabajo.
eju.tv / Video: Cadena A
La ministra de Educación, Beatriz García, afirmó hoy (24) que el magisterio rural movilizado debe rendir cuentas y resolver sus problemas internos antes de plantear demandas con representatividad legítima, en medio de un conflicto que se vive en la Sede de Gobierno. La autoridad reveló que la dirigencia observada por el Ministerio de Trabajo tiene pendiente la revisión de cuentas por 14 millones de bolivianos y dispone de un plazo de 20 días para presentar sus descargos.
“Lamentablemente la dirigencia anterior quiere mantenerse en el poder, pero tiene pendiente la remisión de cuentas, 14 millones de bolivianos. En este momento, los que dicen ser los dirigentes están observados por el Ministerio de Trabajo y justamente tienen 20 días para hacer el descargo de esos 14 millones de bolivianos”, enfatizó García que vinculó la crisis de representatividad con el manejo opaco de los recursos sindicales.
La autoridad educativa también se refirió a la división interna que atraviesa el Magisterio Rural por lo que pidió que solucionen “sus problemas internamente”. “Hay dos bandos que están luchando por el poder”, explicó García que distanció al Gobierno de la disputa y condicionó cualquier mesa de diálogo a que los movilizados cuenten con una dirigencia legítima y transparente.
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De forma paralela, la ministra informó que los aportes de los maestros a sus organizaciones sindicales alcanzan los 60 millones de bolivianos al año a nivel nacional. Explicó que estos recursos provienen de descuentos de alrededor del 1% aplicados a unos 180.000 afiliados del magisterio urbano y rural, con diferencias en la periodicidad de aporte, y que el Ministerio de Educación realiza la retención para luego transferirlos a las cuentas sindicales.
En el caso del magisterio rural, la disputa dirigencial y la falta de rendición de cuentas de al menos 14 millones de bolivianos han derivado en movilizaciones y en la observación del Ministerio de Trabajo.