Informalidad: entre el prejuicio tecnocrático y la economía de la rivalidad
Fernando Untoja
“La informalidad es una amenaza silenciosa”, afirma Sergio Díaz-Granados al advertir que millones de trabajadores quedan fuera de sistemas de protección social y de mecanismos de ahorro. El diagnóstico, visto desde fuera, resulta verosímil. Pero su problema no es la intención, sino el nivel de abstracción: habla en general sobre una realidad profundamente heterogénea.
En América Latina —y de manera particularmente aguda en Bolivia— la economía no es un sistema homogéneo que funcione bajo un único conjunto de reglas. Es una estructura atravesada por desigualdades, segmentaciones productivas y barreras de acceso. Sin un diagnóstico serio de esta heterogeneidad estructural, el concepto de “informalidad” se convierte en un comodín analítico: parece explicar todo, pero en realidad simplifica demasiado.
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Aquí es donde emerge una crítica de fondo. Muchos organismos internacionales tienden a observar la informalidad desde una posición normativa: aquello que no encaja en la legalidad vigente aparece como problema a corregir. Sin embargo, esta mirada omite una pregunta decisiva: ¿qué ocurre cuando la formalidad misma es inaccesible para la mayoría?
En ese punto, la informalidad deja de ser desviación y pasa a ser respuesta.
Desde la perspectiva de la economía de la rivalidad, la llamada “economía informal” no es un residuo marginal, sino un campo activo donde millones de personas despliegan estrategias para generar ingresos, competir, adaptarse y sobrevivir. No es un espacio sin reglas; es un espacio con reglas distintas, construidas en condiciones de restricción. Es, en muchos casos, el único ámbito donde el individuo puede decidir.
Reducir este fenómeno a una “amenaza” implica desconocer su función real en la reproducción social. No porque la informalidad sea deseable en sí misma, sino porque cumple un papel que la estructura formal no logra asumir. Cuando el acceso al empleo formal es limitado, cuando los costos regulatorios son prohibitivos y cuando el aparato estatal no logra articular oportunidades productivas, la informalidad se convierte en un refugio económico.
La pregunta, entonces, debe reformularse: ¿para quién es una amenaza la informalidad?
Para los trabajadores, es una solución imperfecta pero inmediata. Para los Estados, puede ser un problema fiscal o institucional. Para los organismos internacionales, es un indicador de “atraso”. Pero ninguna de estas perspectivas, por sí sola, agota el fenómeno.
Lo que sí resulta problemático es construir políticas públicas a partir de categorías que no capturan la complejidad de la realidad. Cuando se parte de un diagnóstico general, las soluciones también tienden a ser generales —y, por tanto, ineficaces. Se propone formalizar sin transformar las condiciones que hacen inviable la formalización.
A esto se suma otra dimensión que rara vez se integra en el análisis: el papel del Estado como actor económico. Cuando el Estado asume funciones empresariales sin capacidad de sostenerlas —creando empresas que no operan, proyectos que no maduran o inversiones que no se traducen en productividad— no solo desperdicia recursos, sino que también distorsiona los incentivos del sistema económico. En lugar de ampliar las oportunidades, las restringe.
En este contexto, la defensa de la llamada “economía informal” no es una defensa de la precariedad, sino una defensa de la capacidad de acción de los individuos frente a estructuras que no los integran. Es reconocer que, en ausencia de un orden económico funcional, la sociedad genera sus propios mecanismos de adaptación.
Esto no implica negar los límites de la informalidad: baja productividad, falta de protección social, dificultades de acumulación. Pero sí exige evitar un juicio simplista que la reduzca a una anomalía. La informalidad no es el origen del problema; es su manifestación.
Por ello, el desafío no consiste en combatirla como si fuera una desviación moral o técnica. El desafío es construir un entorno donde la formalidad sea una opción viable y atractiva. Eso implica reducir barreras, simplificar reglas, garantizar seguridad jurídica y, sobre todo, redefinir el rol del Estado: menos competidor, más articulador.
Mientras esto no ocurra, la economía de la rivalidad —mal llamada “informal”— seguirá siendo el espacio donde millones de personas no solo sobreviven, sino que ejercen, en condiciones adversas, su capacidad de decidir. Y frente a ello, más que prejuicios, lo que se requiere es comprensión estructural