El Gobierno reiteró su disposición al diálogo para resolver el conflicto en el marco del respeto y la concertación. Mientras tanto, la marcha campesina continúa su avance hacia La Paz, en medio de un clima de tensión y expectativa sobre si se logrará una cuarta mesa de negociación que permita destrabar las demandas de los sectores movilizados.
eju.tv / Video: Radio Fides
De la Amazonía al Altiplano. Miles de campesinos de Pando iniciaron una marcha indígena contra la Ley 1720, que ya ingresó al departamento de La Paz, con una participación estimada de entre 3.000 y 3.500 personas y la proyección de alcanzar los 5.000 movilizados, según informó el dirigente Faifer Cuajera, representante de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. La movilización, que agrupa a centrales, subcentrales y comunidades indígenas, partió este jueves a las 11:30 desde Inicua rumbo a Zapecho, donde los marchistas prevén sostener una reunión con el Gobierno nacional para impulsar una cuarta mesa de diálogo.
“Es una ley que está en contra de los intereses de pequeña y mediana propiedad, con créditos para que se puedan beneficiar nuestros hermanos, pero las cosas no son las que le van a devolver las tierras, van a ser los empresarios. Entonces, es lamentable que el presidente esté gobernando para los ricos y no así para las clases de las grandes mayorías que le dio toda la confianza para que él esté ahí y ahora esté en contra de los intereses de todo el pueblo boliviano”, enfatizó Cuajera que advirtió que la normativa pone en riesgo la tenencia de tierras mediante mecanismos crediticios que podrían derivar en la pérdida de los predios.
Consultado sobre cómo la ley beneficiaría a los empresarios en detrimento de los campesinos, el dirigente respondió: “De manera que ellos van a tener toda la opción de poder, de que el hermano pueda sacar el crédito y no pueda pagar”. Cuajera indicó que la marcha tiene como principal demanda la anulación de la Ley 1720, aunque sus observaciones específicas a la norma no fueron expuestas con claridad. Además, exigen titulación inmediata y seguridad jurídica para las tierras y han sumado a su pliego el rechazo al proyecto de ley antibloqueos.
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Entre los puntos más determinantes de la movilización, el dirigente mencionó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las tierras y modificar la ley de financiamiento y ratificaron que el arribo a la ciudad de La Paz está previsto en aproximadamente una semana.
“El otro tema es la titulación inmediata de la seguridad jurídica de las tierras. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la ley de financiamiento, porque imagínense, nos van a secuestrar nuestro derecho. Dentro de una semana estaremos allá o más antes. Depende de que la fuerza nos pueda dar y sé que vamos a tener fuerza porque no hay ninguna ONG que nos está financiando. Este no es un tema político, este es un tema de lucha, una demanda social que tenemos nosotros los campesinos”, afirmó Cuajera.
La pasada semana, los viceministros de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero, y de Tierras, Hormando Vaca Díez, informaron que una reunión sostenida con sectores movilizados de Pando y Beni, en la comunidad de Collana Linares, no logró acuerdos debido a la falta de apertura al diálogo por parte de los dirigentes porque la movilización responde a “intereses políticos” y aseguraron que cuenta con financiamiento externo, en contraste con lo afirmado por Cuajera.
En ese contexto, hicieron un llamado a la reflexión a los sectores movilizados, instándolos a buscar una salida pacífica al conflicto y a evitar el uso de comunidades indígenas para intereses particulares. El Gobierno reiteró su disposición al diálogo para resolver el conflicto en el marco del respeto y la concertación. Mientras tanto, la marcha campesina continúa su avance hacia La Paz, en medio de un clima de tensión y expectativa sobre si se logrará una cuarta mesa de negociación que permita destrabar las demandas de los sectores movilizados.