La corrupción ha alcanzado niveles alarmantes, dijo el analista Durán. Si bien reconoce que este problema ha existido históricamente, sostiene que en los últimos 20 años se ha profundizado hasta niveles críticos. Según su diagnóstico, una proporción significativa de efectivos —hasta un 90%— mantiene algún tipo de vínculo con redes ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando o el sicariato.
Fuente: ANF / La Paz
La Policía Boliviana atraviesa una crisis profunda que, según especialistas en seguridad, ya no puede entenderse como una suma de hechos aislados, sino como un problema estructural que compromete su legitimidad, eficacia y sujeción al orden constitucional.
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Las denuncias recurrentes de corrupción, abusos de autoridad y vínculos con economías ilegales se entrelazan con un marco normativo obsoleto y una fuerte injerencia política que, lejos de resolverse, se ha consolidado en las últimas décadas.
El experto en seguridad Omar Durán, en declaraciones a ANF, fue categórico al describir la situación: calificó a la institución como un “cáncer con metástasis profunda” dentro del Estado. A su juicio, la degradación institucional no solo responde a prácticas corruptas extendidas, sino a un desfase normativo crítico. Este medio pidió la versión policial sobre una posible reforma, pero no recibió respuesta hasta la publicación de la nota.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), vigente desde 1985, resulta —según señaló Durán— “ambigua y anticuada” frente a la Constitución Política del Estado de 2009, lo que genera contradicciones que afectan el funcionamiento integral de la institución.
Este desfase no es menor. La ley fue concebida bajo un modelo republicano previo al Estado Plurinacional y mantiene conceptos y estructuras que hoy resultan incompatibles. Por ejemplo, aún hace referencia a la “Policía Nacional”, mientras la Constitución reconoce a la “Policía Boliviana”, reflejando un cambio de enfoque institucional.
Más grave aún, la normativa de 1985 contempla figuras como los “juzgados policiales” con facultades sancionadoras sobre ciudadanos, lo que vulnera la unidad jurisdiccional establecida en la Carta Magna, que reserva estas competencias al Órgano Judicial.
A ello se suman otras inconsistencias, como la autonomía investigativa atribuida a la denominada “Policía Judicial”, en contradicción con el rol del Ministerio Público definido constitucionalmente, o la persistencia de figuras como la de “vagos y malentretenidos”, consideradas discriminatorias y contrarias al principio de presunción de inocencia.
En este contexto, Durán advirtió que la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes. Si bien reconoce que este problema ha existido históricamente, sostiene que en los últimos 20 años se ha profundizado hasta niveles críticos. Según su diagnóstico, una proporción significativa de efectivos —hasta un 90%— mantiene algún tipo de vínculo con redes ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando o el sicariato. Esta situación ha llevado, incluso, a normalizar prácticas como la felicitación a policías por no recibir sobornos, lo que —afirmó— evidencia el deterioro de los estándares éticos dentro de la institución.
Los antecedentes refuerzan este diagnóstico. Las denuncias de extorsión, cobros indebidos y uso irregular de funciones son frecuentes, especialmente en controles y trámites cotidianos. A nivel interno, también se han identificado irregularidades en procesos de admisión y contratación, lo que debilita la meritocracia y favorece la reproducción de redes de corrupción.
Casos de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y presuntos vínculos con actividades ilícitas reflejan una crisis que ha erosionado la confianza ciudadana.
Para Durán, uno de los factores que agrava esta situación es la captura política de la institución. Denunció que sectores del poder han utilizado a la Policía para proteger intereses particulares, lo que limita cualquier intento de reforma desde el interior.
En ese sentido, se muestra escéptico sobre la capacidad de los mandos policiales para impulsar cambios reales, debido a la existencia de “grupos de poder” que frenan o diluyen las iniciativas.
Una visión complementaria ofrece Jorge Santistevan, exmilitar y experto en seguridad y defensa, quien coincidió en la urgencia de una reforma profunda, pero puso énfasis en la reestructuración normativa y disciplinaria. A su criterio, al menos el 60% de la Ley Orgánica debe ser reformado, junto con una revisión integral de los reglamentos internos.
Santistevan cuestionó la politización de la institución, particularmente en el sistema de ascensos y la proliferación de grados jerárquicos. Consideró que estas decisiones han respondido más a intereses políticos que a criterios técnicos, debilitando la misión constitucional de la Policía.
“La honorabilidad no se recupera repartiendo grados, sino dotando de condiciones y equipamiento adecuados”, sostuvo en declaraciones a ANF.
Uno de los puntos más críticos de su análisis es el régimen disciplinario, que calificó de “permisible”. Denunció que efectivos involucrados en delitos pueden ser apartados temporalmente y luego reincorporados, lo que envía un mensaje de impunidad. En respuesta, propuso una “depuración implacable” que alcance a todos los rangos, sin excepciones ni protecciones políticas.
También advirtió sobre la crisis en los organismos de control interno, como la Dirección General de Investigación Policial Interna (DIGIPI), a la que señaló como un espacio vulnerable a prácticas de extorsión. Según indicó, la falta de personal especializado y la designación de funcionarios sin formación jurídica adecuada debilitan los procesos disciplinarios y favorecen la corrupción.
Ambos expertos coincidieron en que la reforma no puede limitarse a ajustes superficiales. Debe incluir una transformación en la formación policial, una actualización doctrinal acorde a los desafíos tecnológicos y un rediseño institucional que garantice integridad, profesionalismo y sujeción al orden constitucional.