La crisis que atraviesa Bolivia es el resultado de veinte años de vigencia de un régimen que apostó por un Estado protagonista en la economía, mientras relegaba al sector privado a un rol secundario o lo trataban como un adversario. El estatismo produjo bajo crecimiento, expansión de la informalidad, caída de la inversión y una creciente pérdida de confianza.
Si se quiere revertir esta tendencia, el país necesita enfrentar –con medidas concretas y efectivas– las barreras regulatorias, la carga tributaria, la inseguridad jurídica y la burocracia excesiva que impiden el desarrollo empresarial, elevan el costo de hacer negocios, empujan a miles de unidades productivas hacia la informalidad y alejan nuevas inversiones.
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El principal obstáculo a superar es la persistencia de una lógica de control estatal sobre la actividad privada, materializada en instituciones como la Autoridad de Fiscalización de Empresas, creada para regular, controlar y supervisar las actividades empresariales en temas que le son inherentes y sustantivos. El cierre de esta entidad no tiene que ver únicamente con su ineficiencia, discrecionalidad o politización, sino con el principio de que la actividad empresarial debe regirse por normas claras y no por mecanismos burocráticos que, lejos de facilitarla, la entorpecen.
Es necesario que el registro empresarial vuelva a las instituciones privadas, y que se elimine el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, lo que transparentará la información, permitirá agilizar el proceso de constitución de empresas, reducirá costos y trámites, y limitará la discrecionalidad en el manejo de los datos que corresponden a las empresas.
En esa misma línea, debiera crearse una plataforma digital unificada que integre los trámites que hoy se realizan por separado en el Servicio de Impuestos Nacionales, el SEPREC, los municipios, el Ministerio de Trabajo, las Notarías, entre otros: cada uno con sus propios formularios, plazos, costos y burocracia.
En el ámbito normativo, es preciso abrogar la Ley de Empresas Sociales, creada como un mecanismo para que los trabajadores puedan tomar el control de una empresa privada y su patrimonio, en determinadas circunstancias. Su eliminación es una señal indispensable de respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
Del mismo modo se debe abolir la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, una norma irracional que permite que una empresa pueda ser intervenida, sus cuentas congeladas y sus operaciones paralizadas a partir de una denuncia, sin que exista aún una sentencia condenatoria. Esto la convierte en un instrumento arbitrario que puede ser usado potencialmente para presionar o extorsionar a los empresarios.
Otro aspecto necesario es la derogación de los decretos que limitan la desvinculación laboral y establecen la inamovilidad perpetua para algunos trabajadores, y de aquellos que garantizan comisiones prolongadas a dirigentes sindicales, que perciben sueldos sin trabajar. Esas normas, que han distorsionado la política laboral, desalientan a las empresas a contratar formalmente y las llevan a optar por eventuales o intermediarios, lo que afecta la estabilidad y la continuidad laboral. En este ámbito, es urgente instaurar el diálogo social (establecido en Convenios 131, 98 y 122 con la OIT) como mecanismo permanente para diseñar políticas laborales, incluyendo la negociación del salario mínimo y las condiciones de empleo.
También es preciso eliminar la competencia desleal desde el Estado, no solo descartando la creación de empresas públicas, sino evitando los privilegios que favorecen a entidades como el Banco Unión, UNIVIDA, BOA, ENTEL y otros, que se han consolidado gracias al monopolio en el manejo de las cuentas de las entidades del gobierno central.
En el área impositiva, se debiera eliminar o reducir drásticamente el Impuesto a las Utilidades de Empresas, una carga que no diferencia capacidad contributiva, y que afecta gravemente a las mypes, desincentiva la reinversión, reduce la competitividad y favorece la evasión. Junto a esto se debe impulsar la eliminación de los plazos para pagar el IVA y el IT, permitiendo la cancelación en cualquier momento del mes calendario sin las fechas impuestas arbitrariamente, lo que reduciría la presión financiera sobre las empresas, disminuiría la mora tributaria y simplificaría la gestión contable.
Estas medidas, y otras que se deben considerar, no son una agenda ideológica que pretenda la ausencia de Estado. Son medidas pragmáticas, concretas y urgentes para que, cambiando de manera radical el ambiente de negocios, se genere más inversión, más empleo formal, más innovación y más prosperidad compartida.
Facilitar la creación y sostenimiento de empresas privadas no es una concesión sectorial, sino una condición indispensable para el desarrollo. El desafío no es menor, pero tampoco lo es la oportunidad: transformar el clima de negocios puede marcar la diferencia entre un país que se estanca y uno que decide crecer.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia