Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Ronald Casso es trasladado a la ciudad de La Paz por funcionarios policiales. Foto: Red Uno
El aprehendido exgerente de BoA Ronald Casso es investigado por dos delitos en el caso de vuelos a Cuba. Magistrado fue asesinado por un fallo por tierras, según informe policial. Ante posiciones encontradas, Gobierno plantea reunión entre agroindustriales y campesinos-indígenas por la Ley 1720. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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El aprehendido exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a la firma de la resolución —junto al resto del directorio— que habilitó los vuelos Bolivia-Cuba con un daño económico al Estado. El fiscal Walter Lora informó que Casso deslindó en sus iniciales declaraciones responsabilidades en la habilitación de la ruta internacional; sin embargo, serán las investigaciones —explicó— las que determinen la situación jurídica del exejecutivo. Casso, exgerente en la gestión de Luis Arce, fue aprehendido la tarde de este miércoles en Cochabamba y se lo trasladó a La Paz, donde radica la denuncia e investigación no solo por vuelos que representaron pérdidas para el Estado, sino también por un supuesto traslado de divisas. El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, también está involucrado en la investigación.
– Fiscalía investiga a cinco ex directores de BoA y al exministro Édgar Montaño
La aprehensión del ex gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso Casso en Cochabamba es el inicio de una serie de pasos que tiene pendiente la fiscalía en La Paz, puso bajo investigación a cinco exintegrantes del directorio de la empresa, además del exministro Édgar Motnaño, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). “En el presente caso se está investigando a todo el directorio, quienes han suscrito esta resolución administrativa, la número 11/2022, así como también al ex gerente general y a quien en su momento era ministro de Obras, el señor Édgar Montaño”, dijo el fiscal, Walter Lora, en conferencia de prensa. El 21 de abril el Gobierno presentó una denuncia por malversación de fondos en la línea aérea estatal porque se descubrió que había una ruta La Paz-Habana que no era rentable y que además se viajó en diversas oportunidades con un número de pasajeros que no cubría el costo de operación.
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, en representación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, participó hoy del lanzamiento del Plan “Halcón”, una estrategia interinstitucional impulsada por el Gobierno nacional, la Policía y el Ejército, con el objetivo de reforzar la seguridad y enfrentar los hechos de violencia registrados en el departamento cruceño. “Es alarmante lo que ocurre en el departamento y el país, por lo que debemos asumir acciones conjuntas en una lucha frontal contra el crimen organizado. Desde el Ministerio Público, ante cualquier hecho delictivo, actuaremos de manera inmediata, aplicando todo el rigor de la ley y trabajando para desarticular estas redes y dar con los responsables”, sostuvo Zeballos. El plan “Halcón” contempla la ejecución de operativos conjuntos, controles estratégicos y acciones preventivas en puntos críticos del departamento.
– Magistrado fue asesinado por un fallo por tierras, según informe policial
El asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, podría estar relacionado con decisiones judiciales vinculadas a conflictos de tierras y no necesariamente con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, según una de las principales hipótesis manejadas por la Policía boliviana. El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, señaló que las investigaciones preliminares apuntan a que el móvil del crimen tendría relación con una resolución emitida por la autoridad judicial en temas agrarios. “Más parece ser por una resolución que haya emitido con el tema de tierras”, sostuvo Gómez, una hipótesis en etapa de verificación. La autoridad policial pidió evitar conclusiones generalizadas que vinculen automáticamente todos los hechos violentos con organizaciones criminales como la estructura de Marset.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la red de narcotráfico creada en el país por Sebastián Marset es la más grande que se ha descubierto en el país, y que se continúa trabajando para establecer las conexiones financieras, las redes de construcciones inmobiliarias y aquellas en las que se lava ese dinero de origen ilícito. La autoridad hizo estas revelaciones en el acto de interpelación realizado en la Asamblea Legislativa el pasado martes, donde dio información sobre el operativo policial que logró la captura del narcotraficante, considerado como uno de los más importantes por los Estados Unidos. Dijo que la investigación no ha concluido y que se están investigando las conexiones establecidas en los últimos 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que permitió que se establezca y viva en el país en medio de la impunidad y la complicidad.
Luego del pronunciamiento agroindustrial de rechazo a la posibilidad de anular o abrogar la ley de conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que el Gobierno solo abrió un canal de diálogo en el Legislativo para analizar el tema y planteó un diálogo entre campesinos-indígenas y los agroindustriales como salida a las posiciones contrapuestas. “El presidente (Rodrigo Paz) informó ese día que él no puede tomar una decisión y es por eso que abrió el camino para que este sector se siente con el Poder Legislativo, pero obviamente el Gobierno lo que va a hacer es lo mejor para toda la población. Viendo estos dos sectores, lo mejor es armar una reunión en conjunto”, propuso. El Gobierno firmó un acuerdo con la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para trasladar a la Asamblea Legislativa Plurinacional el debate sobre la abrogación de la Ley 1720.
El sector agroindustrial de Santa Cruz cerró filas en contra de cualquier iniciativa de anulación o abrogación de la ley que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana, y amenazó con el inicio de medidas de presión progresivas. La posición surgió luego de que el gobierno de Rodrigo Paz acordara con campesinos gestionar en la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de la Ley 1720, que también motivó una marcha de campesinos e indígenas de Pando a La Paz. En un comunicado, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) determinó “exigir al Poder Ejecutivo la anulación inmediata del Decreto 5613 y el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720”. El Decreto 5613 fue aprobado por Paz, y reafirma el derecho a la pequeña propiedad agraria e instruye la dotación ágil de tierras en Beni y Pando. El sector advirtió con “iniciar medidas de presión progresivas”.
– COB firma pacto con otras organizaciones y hablan de la renuncia del presidente
El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó que ha suscrito una alianza con organizaciones de campesinos, interculturales y originarios para encarar el conflicto frente al Gobierno. Dijo que se trata de un “pacto de no traición”, donde sus integrantes tendrán el mismo peso para tomar decisiones. En el anuncio, el ejecutivo de la federación de campesinos Tupak Katari de La Paz, Vicente Salazar enfatizó que el pedido de las provincias es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. “El pueblo ya está cansado, las 20 provincias han determinado, la gente nos ha rebasado, ya está cansada de este gobierno y el pedido único de las 20 provincias es la renuncia de Rodrigo Paz”, exclamó Salazar. Por su parte, Argollo manifestó que, si el presidente no tiene la voluntad de solucionar, “tiene que irse”. “No están movilizados por apetitos personales o sectoriales, sino por las necesidades”, afirmó.
– Tras notas verbales de protesta, Cancillería convoca a los embajadores de Rusia e Irán»
El canciller Fernando Aramayo confirmó este miércoles que convocará a los embajadores de Irán, Bahram Shahabeddin, y de Rusia, Dmitry Vérchenko, luego de haber cumplido con los comunicados y las notas verbales correspondientes ante declaraciones sobre asuntos internos. “Naturalmente hemos hecho las comunicaciones que corresponden en ese sentido; vamos a convocar a los embajadores para poder conversar con ellos y, naturalmente, lo que necesitamos es que se entienda que una política exterior, una injerencia interna basada en intereses foráneos, es algo que no vamos a permitir nunca más”, afirmó. Ambos diplomáticos participaron del acto de posesión del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, hombre de confianza del expresidente Evo Morales. Shahabeddin expresó ese día que le gustaría que “en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia”, lo que causó malestar en Sucre.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que el incremento de 7.472,4 millones de bolivianos al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado se debe a los recursos adicionales que se asignó a gobernaciones, alcaldías, universidades, al Órgano Legislativo y Judicial. “Estas asignaciones nuevas a gobiernos subnacionales, a distintos órganos del Estado incrementan el presupuesto. Además, hay que partir de la base del presupuesto sincerado y no del que nos dejaron, sino del presupuesto real que inflaba ingresos y reducía gastos”, afirmó. El PGE 2026 reformulado que presentó Espinoza a la Asamblea Legislativa prevé ese incremento igual a un 3,7 % más sobre la cifra establecida en la Ley Financial que dejó el gobierno de Luis Arce. Del total del presupuesto, que asciende a 391.815,8 millones de bolivianos, el 67,7% será destinados al gasto corriente (265.317,1 millones de bolivianos).
– Gobierno confirma diálogo con el FMI y descarta imposición de políticas externas
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que el Gobierno boliviano mantiene conversaciones “fluidas y frecuentes” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un proceso técnico que, según afirmo, se desarrolla desde el inicio de la actual gestión. La autoridad aclaró que cualquier posible acuerdo con el organismo internacional no será inmediato, ya que este tipo de negociaciones implican discusiones prolongadas y altamente especializadas. “Un acuerdo con el Fondo no se logra en una semana o en un par de días, es una discusión muy larga y técnica”, sostuvo en declaraciones a Brújula Digital. Espinoza remarcó que, a diferencia de décadas pasadas, particularmente de los años 90, la relación con el FMI no estará marcada por la imposición de condiciones externas. En ese sentido, aseguró que el organismo internacional acompañará la política económica diseñada por el Gobierno.