El peso de los funestos precedentes de 2003 y 2019
Bolivia se encuentra una vez más atrapada en el laberinto de la confrontación social, pero bajo un escenario que desafía los límites de la legalidad y la propia supervivencia institucional. Cuando un conflicto se prolonga por casi un mes, con carreteras cortadas, desabastecimiento y la destrucción sistemática de bienes de todos los bolivianos, es imperativo despojarse de la retórica discursiva y analizar la crisis bajo el frío lente de la Constitución Política del Estado (CPE).
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¿Qué delitos se están cometiendo en esta parálisis colectiva? La respuesta, de manera alarmante, apunta a responsabilidades penales e institucionales en ambos lados de la trinchera.
El sector movilizado: del derecho a la protesta al delito flagrante
Nuestra Ley Fundamental es garantista: resguarda el derecho a la protesta, a la asociación y a la libre expresión. Sin embargo, ningún derecho constitucional es absoluto cuando pisotea los derechos de los demás. Las acciones de los sectores que hoy bloquean el país exigen renuncias bajo presión y destruyen infraestructura, configurando graves transgresiones que el Código Penal boliviano tipifica con claridad.
En primer lugar, el bloqueo sistemático y prolongado vulnera de manera directa el artículo 21.7 de la CPE, que garantiza el derecho a la libre circulación. Impedir el paso de alimentos, medicamentos y ciudadanos no es “protesta”; es un atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
A esto se suma la alarmante destrucción de la propiedad pública y privada. El artículo 108.7 de la CPE establece como un deber sagrado de cada boliviano “proteger y defender los bienes públicos”. El vandalismo contra infraestructuras estatales o particulares se traduce jurídicamente en los delitos de daño calificado y deterioro de bienes del Estado.
Aún más grave es la sombra del financiamiento ilícito. La sospecha de que estos movimientos puedan estar oxigenados económicamente por el narcotráfico sitúa el conflicto en el terreno de la seguridad nacional, activando tipos penales severos como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y delitos flagrantes contemplados en la Ley 1008 de Sustancias Controladas. Exigir la renuncia de una autoridad democrática es legítimo bajo la libre expresión; pretender deponerla mediante el estrangulamiento económico y la fuerza roza la sedición y los delitos contra la seguridad del Estado.
El trauma histórico: los fantasmas de 2003 y 2019
Para entender la actual inacción gubernamental, es obligatorio mirar el retrovisor de la historia reciente de Bolivia. Lo que ocurre hoy no es un fenómeno aislado; es la repetición de un libreto ya ensayado en octubre de 2003 y octubre‑noviembre de 2019.
En 2003, el vicepresidente de ese entonces, Carlos Mesa, se prestó para consolidar la sedición: traicionó el mandato constitucional y se ungió a sí mismo como sucesor en el golpe de Estado. Ese precedente sentó las bases de un modelo en el que la subversión del orden se convierte en camino al poder, y en el que los responsables de la sedición terminan amparados por la impunidad.
En aquellos escenarios críticos, los gobiernos de turno intentaron ejercer sus funciones constitucionales para preservar el orden público y la unidad del Estado frente a movilizaciones violentas que buscaban la ruptura del hilo institucional. Sin embargo, el desenlace de esas intervenciones sentó un funesto precedente judicial y político: los ejecutivos de ambos periodos terminaron siendo procesados y juzgados bajo figuras jurídicamente cuestionables, como genocidio o uso excesivo de la fuerza.
Estos juicios, cuestionados por su instrumentalización política e ilegalidad, enviaron un mensaje demoledor a la institucionalidad del Estado: hacer cumplir la ley y defender el orden público en Bolivia te condena a la cárcel o al exilio.
Hoy, los grupos bloqueadores utilizan este precedente histórico como un escudo de impunidad. Saben que tienen al Estado contra las cuerdas, maniatado por el temor de sus gobernantes a correr la misma suerte judicial que sus predecesores si ordenan el uso legítimo de la fuerza pública.
Y ahora tenemos también un vicepresidente en ese mismo camino de traición: se ha colocado en el centro de la trama política, amparándose en la figura del Estado mientras actúa como garante de intereses de un régimen que busca perpetuarse en el poder, consolidando la sedición bajo la apariencia de institucionalidad. No es casualidad que la historia se repita.
El Gobierno actual: la delgada línea entre la prudencia y el “incumplimiento de deberes”
Es precisamente este pánico institucional el que explica la conducta del actual Órgano Ejecutivo. Frente a un mes de asfixia, la postura oficial ha sido la oferta perenne de diálogo y una llamativa inacción para restablecer el orden. Desde la ciencia política, sabemos que el Estado se define por poseer el monopolio legítimo de la fuerza. Renunciar a él durante semanas por temor al costo político tiene profundas implicaciones constitucionales.
El artículo 172.1 de la CPE dispone taxativamente que es atribución y obligación del presidente “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Asimismo, el numeral 16 del mismo artículo le ordena “preservar la seguridad y la defensa del Estado”. Cuando un gobierno observa pasivamente cómo se destruye el aparato productivo por miedo a actuar, su inacción puede ser tipificada penalmente como incumplimiento de deberes.
Más allá de la estrategia, el Estado tiene el rol de garante primario de la vida, la salud y la integridad (artículo 15 de la CPE). Si la parálisis gubernamental deja a millones de ciudadanos en indefensión —impidiendo el paso de ambulancias o encareciendo la canasta básica—, se incurre en una omisión que vulnera los derechos fundamentales de la población civil.
Un Estado rehén de su propio pasado
El escenario actual de Bolivia devela una preocupante colisión: por un lado, un alarmante abuso del derecho a la protesta que raya en la delincuencia organizada y que se alimenta del chantaje histórico; por el otro, una evidente dejación de las funciones de protección del orden público por parte de un Estado paralizado por sus propios traumas.
En este juego de omisiones y excesos, el gran perdedor no es un bando u otro, sino el ciudadano de a pie y la vigencia misma de la Constitución Plurinacional, que parece haberse convertido en una sugerencia antes que en la ley suprema del país. Si el Estado no recupera la confianza para ejercer su autoridad legítima dentro de los márgenes de la ley, Bolivia seguirá siendo rehén perpetuo de la ley de las carreteras.
Javier Torres Goitia Caballero
Fue ministro de Salud y Deportes de Bolivia