Empresarios, gremiales, transportistas, dirigentes cívicos y analistas cuestionan que las protestas hayan derivado en demandas de renuncia presidencial y alertan sobre desabastecimiento, pérdidas económicas y riesgo de desestabilización política.
eju.tv / Videos: Red América TV – VOS TV
El endurecimiento de los bloqueos y las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira comenzó a generar un creciente rechazo de sectores productivos, empresariales, cívicos y ciudadanos que cuestionan el giro político de las protestas y advierten graves consecuencias económicas y sociales para el país.
Mientras organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos, grupos afines al evismo y federaciones sociales radicalizaron bloqueos en La Paz, El Alto, Yungas y otras regiones, diferentes voces comenzaron a marcar distancia de las medidas de presión, especialmente de las consignas que demandan la salida anticipada del mandatario.
Uno de los rechazos más contundentes provino de sectores productivos y empresariales. El transporte pesado, el transporte libre, gremiales, plataformas ciudadanas y el Comité pro Santa Cruz rechazaron públicamente el paro indefinido y los bloqueos impulsados por la COB. Incluso, hay sectores como la Central Obrera Departamental de Chuquisaca que se desmarco del llamado de la COB.
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En redes sociales y declaraciones públicas también comenzaron a multiplicarse advertencias sobre el impacto económico de las medidas. Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), cuestionó los bloqueos y alertó sobre daños a las cadenas logísticas, el abastecimiento y la producción nacional.
La preocupación crece especialmente en La Paz y El Alto, donde comerciantes y vecinos ya reportan dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y transporte interdepartamental. En el ámbito gubernamental, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó como ‘inaceptable’ el pedido de renuncia de Rodrigo Paz y afirmó que existen intentos de desestabilización. “Hay sectores con demandas legítimas, pero otros buscan afectar la estabilidad democrática”, declaró.
El Gobierno denunció que las movilizaciones ‘dejaron de ser sectoriales’ y pasaron a tener ‘fines políticos’. La marcha iniciada el pasado martes por el sector evista desde Caracollo muestra la intencionalidad del expresidente y su entorno al pedir la renuncia del primer mandatario, señalan políticos y analistas, así también dirigentes de sectores productivos que están seriamente afectados por los bloqueos.
«Que Evo Morales se meta en la cabeza que no volverá a ser presidente, sin intención de ser discriminador, no sabe dónde está parado», afirmó con impotencia el dirigente de los panaderos, Dandy Mallea, quien retó a un debate al expresidente Evo Morales porque apunta al exmandatario de ser el artífice de los conflictos en el país, así como el responsable de la debacle económica que atraviesa el país.
El propio presidente Rodrigo Paz convocó públicamente a los sectores movilizados a instalar diálogo y reconciliación para resolver demandas legítimas sin profundizar la crisis. “La seguridad y la estabilidad no se recuperan con confrontación permanente”, sostuvo el mandatario en medio del incremento de protestas.
Entre tanto, el conflicto comenzó a abrir un debate sobre la legitimidad de las medidas de presión. Mientras organizaciones movilizadas sostienen que las protestas responden al deterioro económico, combustible, salarios y rechazo a reformas impulsadas por el Gobierno, sectores empresariales y ciudadanos cuestionan que las demandas hayan derivado en pedidos de renuncia presidencial y amenazas de cercar ciudades.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), varios parlamentarios expresaron su rechazo a las peticiones hechas por los movilizados y exigieron que se apele a las prerrogativas constitucionales que faculta la Constitución Política del Estado (CPE) en casos como el que atraviesa el país en este momento. Uno de los más críticos con las protestas es el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón.
“En el momento en el que se plantea bloqueos indefinidos para derrocar a un presidente y un gobierno legítimamente elegidos, lo que se está planteando es la ruptura del orden constitucional y democrático del país, eso debe quedar absolutamente claro”, afirmó el asambleísta para luego hacer énfasis en que la mayoría de la población rechaza la posición de unos cuantos grupos sociales que piden la salida de Rodrigo Paz.
En paralelo, organizaciones indígenas y regionales comenzaron también a expresar preocupación por el efecto de los bloqueos en comunidades rurales y territorios alejados. La Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) pidió desbloquear carreteras y alertó sobre problemas de abastecimiento en territorios indígenas.
En La Paz, diversos sectores productivos, gremiales y del transporte se movilizaron la mañana de este jueves en La Paz, en protesta contra los bloqueos y medidas de presión que afectan el abastecimiento y el libre tránsito en el país. La marcha reunió a representantes de comerciantes, productores, transportistas, plataformas ciudadanas y otros sectores que rechazan las medidas impulsadas por organizaciones sindicales y campesinas en distintas regiones.
El dirigente del transporte Domingo Ramos criticó al gobierno por no tomar acciones constitucionales contra quienes en este momento asfixian a La Paz y El Alto, además, anunció que el sector ya ingresó una querella penal ante la justicia contra diferentes actores por los bloqueos que provocan desabastecimiento y zozobra en esas dos ciudades. “En esta situación ya debería prepararse un desbloqueo en todas las carreteras que están dañando sobre todo al pueblo paceño”, aseveró.
A medida que el conflicto escala, el país entra en una etapa donde la disputa ya no gira únicamente en torno a reivindicaciones sectoriales, sino también sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y el límite entre protesta social y presión para forzar una salida anticipada del presidente.
