Las medidas económicas de Paz en Bolivia replican con dos años de retraso el programa de Milei en Argentina: FMI, Starlink, DEA, apertura al litio y reformas laborales en agenda.
Fuente: https://elpais.bo
Comparar los programas económicos de gobiernos que comparten consultor político es un ejercicio con una trampa metodológica conocida: la coincidencia puede ser producto de la moda ideológica regional, no de una coordinación deliberada. La derecha latinoamericana del siglo XXI tiende hacia el FMI, la apertura comercial y la reducción del Estado por razones que no requieren de ninguna conspiración para explicarse.
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Pero hay una diferencia entre una coincidencia ideológica y una replicación de políticas específicas, en el mismo orden, con los mismos instrumentos y con los mismos socios institucionales. Y eso es exactamente lo que la comparación entre Argentina 2023 y Bolivia 2025 revela.
El manual paso a paso
Las coincidencias entre los programas de Milei-Caputo en Argentina y Paz-Espinoza en Bolivia son demasiado específicas para ser solo ideológicas.
Ambos gobiernos eliminaron subsidios al combustible: Argentina de forma inmediata y drástica, Bolivia de forma gradual mediante el Decreto Supremo 5503 de diciembre de 2025. Ambos firmaron acuerdos con el FMI: Argentina por 12.000 millones de dólares en 2025, Bolivia en negociación por hasta 3.300 millones. Ambos recurrieron al BID y la CAF para financiamiento multilateral condicionado. Ambos autorizaron Starlink. Ambos restablecieron o profundizaron relaciones con Israel. Ambos reincorporaron la cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos. Ambos abrieron sus sectores de minerales críticos a la inversión extranjera mediante memorandos con Washington. Ambos tienen reformas laborales en agenda, con distintos grados de resistencia sindical.
El ministro de Desregulación argentino, Federico Sturzenegger, fue citado en medios bolivianos como asesor informal del gobierno de Paz para la “modernización del Estado”. El patrón de ministros de economía que aplican las mismas recetas —Caputo en Argentina, Espinoza en Bolivia— no puede explicarse solo por coincidencia ideológica.
La emisión de bonos del 7 de mayo de 2026 ofrece el dato más preciso sobre el costo acumulado del modelo. Bolivia pagará por cada dólar prestado casi el doble de lo que pagó en 2012, con la mitad del tiempo para devolverlo. El ministro de Economía presentó esa tasa como comparable a la de Ecuador, Argentina y México. Lo que no presentó es la comparación con la propia Bolivia de hace catorce años. Esa es la comparación que importa: no con lo que pagan los vecinos, sino con lo que costaba antes de que se llegara hasta aquí.
Condicionalidades indiscutidas
El argumento del gobierno de Paz es que estas medidas son necesarias para estabilizar la economía boliviana. Ese argumento puede ser correcto, pero lo que el gobierno no discute en público son las condicionalidades específicas que acompañan los préstamos del FMI, el BID y la CAF.
Deuda acumulada
Bolivia comprometió más de 8.000 millones de dólares en préstamos multilaterales en sus primeros seis meses de gobierno.
Los préstamos multilaterales no son regalos. Vienen con memorandos de política económica que, en el caso del FMI, incluyen compromisos de apertura de sectores estratégicos a la inversión privada, reducción del Estado empresarial, flexibilización del mercado laboral y metas de déficit fiscal que acotan el margen de gasto social. Esos compromisos no pasan por el Congreso. Los negocia el Ejecutivo y los ejecuta mediante decretos y resoluciones administrativas.
Bolivia comprometió más de 8.000 millones de dólares con organismos multilaterales en los primeros seis meses del gobierno de Paz. Con una deuda externa que ya superaba los 13.700 millones de dólares antes de esas negociaciones, el país acumula obligaciones que condicionarán la política económica durante la próxima década, independientemente de qué partido gobierne.
La Central Obrera Boliviana fue la primera en denominar este proceso como “transferencia de soberanía económica”. Su declaración de “emergencia permanente” y la advertencia sobre los préstamos “desproporcionales” no recibieron respuesta técnica del gobierno.
La transferencia de modelo
El caso argentino funciona como laboratorio. Las reformas que Milei aplicó desde diciembre de 2023 son el prototipo. Sus efectos a corto plazo son conocidos: contracción económica inicial, inflación que se desaceleró, pero desde niveles altísimos, desempleo creciente, deterioro del gasto social. Sus defensores argumentan que era el precio necesario del ajuste y que la estabilización llegará. Sus críticos señalan que el costo social fue desproporcionado y que las reformas estructurales beneficiaron principalmente al capital financiero y a los acreedores externos.
Bolivia aplica ese modelo con dos años de retraso y con menor intensidad, lo que puede ser una señal de cautela táctica —el gobierno de Paz tiene minoría parlamentaria y no puede avanzar tan rápido— o puede ser simplemente que Bolivia tiene más restricciones políticas internas que Argentina.
Lo que es verificable es que la dirección es la misma. Y que la dirección la señala, en ambos casos, la misma red de consultores y la misma red de organismos multilaterales.
La lógica colonial con nuevas etiquetas
La analista Edith Gálvez señala el patrón estructural: “La narrativa del desarrollo tecnológico y la modernización cubre una lógica de intercambio que no ha cambiado en 200 años. Los países de la región exportan recursos, como litio, cobre, gas y soya, y reciben a cambio crédito, tecnología y seguridad. El valor agregado se queda afuera, la renta soberana es mínima, y los organismos que financian ese intercambio son los mismos que diseñan las condiciones en las que el intercambio ocurre”.
El FMI es, al mismo tiempo, el prestamista de último recurso de Bolivia y el árbitro de las condiciones bajo las cuales Bolivia puede acceder a ese préstamo. Esa dualidad pone luz sobre la estructura de poder que define quién tiene la sartén y quién pone la mano al fuego.
Además, está la contradicción entre los ministros de Paz acerca del FMI. El ministro de Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que hay negociaciones en curso con el organismo para un crédito de hasta 3.300 millones de dólares. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, las niega. Ambos hablan en nombre del mismo gobierno. Esta contradicción informa sobre la manera en que se toman las decisiones y quién las comunica. Que el ministro que negocia el litio con Washington y el FMI contradiga públicamente al ministro que administra la Casa Presidencial dice algo sobre la arquitectura real del poder que ninguna declaración oficial ha explicado.
Las advertencias de la COB
La Central Obrera Boliviana representa a más de un millón de trabajadores bolivianos. No es un actor marginal. Su declaración de emergencia permanente y su advertencia sobre las reformas laborales al estilo Milei —que en Argentina incluyeron la eliminación de regulaciones laborales históricas— son señales de que la resistencia interna al programa del gobierno de Paz existe y está organizada.
El 80% de informalidad laboral en Bolivia hace que cualquier reforma del mercado de trabajo formal tenga efectos limitados sobre la mayoría de la fuerza laboral. Pero también significa que las redes de protección social son débiles, que los trabajadores informales no tienen representación sindical y que son los más vulnerables a los efectos del ajuste. En ese contexto, el gobierno de Paz Pereira no ha ofrecido datos concretos sobre quién absorbe el costo del ajuste y quién recibe, realmente, sus beneficios.
En Argentina, después de dos años del programa Milei, el costo lo absorbieron los sectores de menores ingresos; los beneficios llegaron principalmente al sector financiero y a los acreedores externos. Bolivia tiene una ventana de tiempo para definir si quiere un resultado diferente. Pero esa ventana se cierra con cada nuevo préstamo condicionado.
A la COB se sumó, en mayo de 2026, la movilización más amplia desde el cambio de gobierno. El “Pacto de unidad por la dignidad, la soberanía nacional, la defensa de la tierra y el territorio para el movimiento indígena originario campesino” articuló a indígenas, campesinos, maestros, fabriles, obreros y universitarios en una plataforma común con nombre, agenda publicada y experiencia de movilización acumulada.
La marcha indígena desde Pando completó 28 días de recorrido hasta llegar a La Paz. Sus demandas: la abrogación de la Ley 1720 de reforma agraria, el rechazo a la “Ley Antibloqueos” en proceso, el rechazo a la reforma laboral y el rechazo al ingreso de Bolivia al mercado de bonos de carbono.
El “Encuentro por el país” del 9 de mayo buscó, precisamente, blindar esa ley ante el Senado. Ernesto Peñaranda Sánchez describió ese encuentro como la articulación de la derecha en un bloque que incluye componentes ni nuevos ni ajenos al poder que se dijo superar.
El 13 de mayo de 2026, Rodrigo Paz Pereira firmó la abrogación de la Ley 1720. Junto a su firma figura la del “superministro” Lupo.
El FMI en Bolivia: historia de una relación tensa
Las relaciones entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional tienen una historia larga y conflictiva. En los años 1980 y 1990, Bolivia aplicó los programas de ajuste estructural del FMI bajo el Decreto Supremo 21060 de 1985, que incluyó la privatización de empresas públicas, la liberalización comercial y la flexibilización laboral. Los resultados en términos macroeconómicos fueron la estabilización de una hiperinflación que había llegado al 23.000%, pero a un costo social enorme: desempleo masivo en el sector minero, deterioro de los servicios públicos y una informalidad laboral que se instaló como estructura permanente.
La reacción a esas políticas fue uno de los factores que alimentó el ascenso del MAS y de Evo Morales, quien llegó al poder en 2006 prometiendo revertirlas. En 2005, el FMI condonó 3.300 millones de dólares de deuda boliviana —exactamente el mismo monto que hoy se negocia como nuevo crédito.
El gobierno de Paz llegó al FMI 20 años después, en condiciones similares: crisis financiera, inflación elevada, urgencia de divisas. La diferencia es que esta vez no hay una promesa de condonación futura. Hay un crédito que se deberá pagar, con las condiciones que se negocien ahora.
Los economistas bolivianos que han analizado los programas del FMI en la región señalan que las condicionalidades estructurales —no solo las metas fiscales— son el elemento más determinante del largo plazo. Un país que acepta abrir su sector de minerales críticos como condición de un préstamo de emergencia está tomando una decisión de largo plazo bajo presión de corto plazo. Esa asimetría temporal es uno de los mecanismos centrales por los que la deuda se convierte en instrumento de reconfiguración económica.