En los últimos diez años, Bolivia experimentó una alarmante disminución en el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) activas.
Según el “Informe sobre Libertades e Institucionalidad en Bolivia” del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el país pasó de contar con 1.980 ONG nacionales en 2015 a apenas 206 en 2025, lo que representa una reducción del 89,6% y constituye un dato que preocupa significativamente.
Además, en el mismo informe se muestran datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que también revelan una caída significativa en el número de ONG internacionales registradas en Bolivia: de 185 que operaban en 2015 a 44 en 2025, lo que representa una llamativa disminución del 76,2%.
Factores
Esta contracción se atribuye a un entorno cada vez más restrictivo para el ejercicio de la libre asociación y la labor independiente de las organizaciones civiles. La problemática por la que atraviesan las ONG en Bolivia en los últimos años, de acuerdo con el informe, abarca diferentes ámbitos. Por ejemplo, la independencia institucional se ve afectada por presiones como la “vigilancia, el acoso burocrático y financiero, así como la estigmatización del trabajo que realizan”.
Asimismo, se evidencia la falta de acceso a la información y a recursos. En una consulta realizada por UNITAS en 2024 (durante la gestión de Luis Arce) a entidades de la sociedad civil, se revela que un 32% de los participantes considera que el contexto es “extremadamente restrictivo” para el funcionamiento de las ONG, debido principalmente a barreras en la inscripción y renovación de personerías jurídicas.
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En sus recomendaciones, UNITAS exhorta al Estado a garantizar la plena vigencia de la libertad de asociación, respetando la independencia de las organizaciones, simplificando los trámites administrativos y evitando cualquier forma de injerencia, con el fin de promover una mayor participación de la sociedad civil.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia desarrollan un rol vital en el desarrollo humano, la protección de derechos y la conservación del medio ambiente. Su trabajo se articula principalmente en torno a la educación, la ayuda humanitaria, el empoderamiento de comunidades vulnerables y la gestión de proyectos sostenibles..
Áreas de trabajo
El trabajo se enfoca en áreas específicas: Infancia y Juventud: Instituciones como Ayuda en Acción y Aldeas Infantiles SOS desarrollan programas de cuidado alternativo, apoyo psicosocial, fortalecimiento familiar y acceso a educación de calidad en regiones como La Paz, Santa Cruz, Potosí y Beni.
Derechos Humanos y Protección: Organizaciones como Educo y diversas entidades articuladas a través de la Red UNITAS ejecutan proyectos para prevenir la violencia intrafamiliar, combatir la explotación infantil, promover la igualdad de género y exigir el cumplimiento de los derechos civiles a escala nacional.
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente: En este ámbito trabajan entidades como HELVETAS Bolivia y el Centro Wiñay, que implementan tecnologías para la inclusión económica, el manejo sostenible de recursos naturales y la adaptación al cambio climático en zonas rurales.
En Bolivia, el control y registro de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y fundaciones están regulados por la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597. Además, se incluyen normativas recientes relacionadas con la prevención del financiamiento del terrorismo (GAFILAT), y el Estado mantiene una fiscalización estricta sobre sus operaciones y financiamiento.
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Control estatal
El control de estas instituciones se divide entre diferentes niveles del Estado, dependiendo de su origen y ámbito de acción:
Ministerio de Relaciones Exteriores: Controla a las ONG extranjeras, las cuales deben suscribir Convenios Marco para operar.
Ministerio de Planificación del Desarrollo: Administra el Registro Único Nacional de ONG en Bolivia, emite certificaciones cada tres años y recibe informes anuales sobre su trabajo.
Gobiernos Departamentales (GADC): A través de sus unidades de personerías jurídicas, aprueban, fiscalizan y pueden incluso extinguir la personalidad jurídica de entidades con alcance local.
Existen dos tipos de organizaciones: Locales/Nacionales: Fundaciones culturales, educativas y de microjusticia. Internacionales: Agencias con convenios marco como World Vision, Swisscontact, ACNUR y UNICEF.
Para operar legalmente y mantener su estatus, las entidades deben cumplir con los siguientes mecanismos de control:
Registro Nacional: Inscripción obligatoria en el Registro Único Nacional de ONG para operar formalmente. Control Financiero y de Transparencia: Deben demostrar anualmente sus fuentes de financiamiento, ejecución de proyectos e impacto social, garantizando que los fondos se utilicen exclusivamente para los fines declarados y no para fines políticos partidarios o ilícitos.
Tributación: Están exentas del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), siempre que estén legalmente autorizadas y cuenten con los convenios correspondientes para realizar actividades de caridad, asistencia o desarrollo.
Fiscalización
El control sobre estas entidades está sujeto a fiscalización gubernamental para asegurar que sus acciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la normativa boliviana. Esto incluye la realización de investigaciones especiales sobre el uso de recursos, especialmente ante denuncias de supuesto financiamiento de actividades políticas o desestabilizadoras, lo cual ha generado pronunciamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil sobre el derecho a la libre asociación.
La estigmatización de su trabajo es uno de los desafíos principales que deben enfrentar para continuar con el desarrollo de su labor. Esta dinámica ha generado un clima de hostilidad, criminalización y amenazas a la libertad de asociación y expresión.
Esta dinámica generó un clima de hostilidad, criminalización y amenazas a la libertad de asociación y expresión.
Estigmatización
Desestabilización y financiamiento externo: Las ONG son frecuentemente señaladas de utilizar recursos de cooperación internacional para financiar protestas, paralizaciones o marchas indígenas (como la movilización contra la Ley 1720), con el supuesto objetivo de desestabilizar.
Intereses corporativos vs. ambientales: Históricamente, las instituciones que defienden el medio ambiente o critican proyectos de explotación de hidrocarburos y minería en áreas protegidas han sido tildadas de atentar contra el desarrollo del país.
Acusaciones de división: En anteriores gestiones, el gobierno llegó a expulsar agencias internacionales (como USAID) y ONG europeas acusadas de entrometerse en asuntos internos y fragmentar a las organizaciones sociales locales.
Recientemente, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció la fiscalización e investigación de organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y otras entidades que presuntamente financian movilizaciones y acciones consideradas desestabilizadoras contra el Gobierno.
La autoridad afirmó que cualquier organismo que opere en el país y esté involucrado en actividades de desestabilización deberá someterse a la normativa boliviana. “Cualquier organismo, ONG o fundación que esté en el país y esté en acción desestabilizadora, que esté financiando movimientos desestabilizadores, va a ser fiscalizado y tiene que responder también a nuestra norma”, sostuvo Aramayo.
Respuesta
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil boliviana en un comunicado rechazaron estas descalificaciones. Destacan su rol como defensoras de derechos humanos y actores legítimos del desarrollo.
También denunciaron que las acusaciones de ser “negocios” o entes encubridores buscan invisibilizar su aporte a la democracia y al control social.
Exigen al Estado garantías plenas para ejercer su trabajo, amparadas por la Constitución. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han manifestado su inquietud por esta escalada de hostilidad. La Relatora Especial de la ONU advierte que cuestionar y crear un “manto de duda” sobre el origen de los recursos de las OSC no solo genera estigmatización, sino que puede derivar en criminalización indebida y violencia contra sus integrantes.
Pese a los desafíos que enfrentan las ONG y fundaciones que desarrollan su labor en Bolivia, estas ratifican su compromiso con la construcción de la democracia y el fortalecimiento de los derechos humanos, los derechos colectivos, entre otros
