El uso excesivo de la detención preventiva se constituye en uno de los principales factores que originan la sobrepoblación.
Por Rosío Flores
El hacinamiento en las cárceles a nivel nacional llegó a 105%. FOTO: RRSS
Fuente: La Razón
Un informe de la Defensoría del Pueblo develó que 10 recintos carcelarios del país concentran los mayores índices de hacinamiento, donde se registran más del doble o incluso cinco veces más de su capacidad.
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La situación se evidenció en cárceles del área urbana y rural de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Beni.
En Cochabamba, la cárcel de San Pablo de Quillacollo donde la capacidad para internos es de 110, la población actual de privados de libertad es de 674, registrándose 513% de hacinamiento.
La cárcel de San Sebastián registra 345% de sobrepoblación; pues la capacidad es de 250 reos y actualmente están recluidos 1.115.
En el recinto de San Pedro de Sacaba, la capacidad es de 110 y actualmente hay 416 presos, lo que evidencia 278% de hacinamiento.
En el área rural, la cárcel de Arani tiene capacidad de 26 internos y actualmente hay 133. La sobrepoblación es de 412%.
SANTA CRUZ
En el departamento de Santa Cruz, la cárcel de Palmasola tiene capacidad de 2.762 internos, pero hasta septiembre de 2025 habían 8.2421 y el porcentaje de hacinamiento es de 205%. La cárcel de Buena Vista, en el mismo departamento, registra 390% de hacinamiento y la de Valle Grande 242%.
En la cárcel de San Pedro de Oruro, se registra una sobrepoblación de 243%, con 1.713 privados de libertad siendo que la capacidad es solo para 500.
El penal de Camargo, en Chuquisaca, está también entre los recintos con sobrepoblación. La capacidad es para 25 internos, pero existen más de 119. El porcentaje de hacinamiento es de 376%.
Finalmente, la cárcel de Guayaramerín, que tiene la capacidad para 50 privados de libertad, registra 222 con 344% de hacinamiento.
A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo evidenció hasta septiembre de 2025 un hacinamiento carcelario superior al 105 %.
Esta realidad no solo afecta a los penales más pequeños, sino también a los de mayor tamaño, lo que demuestra que el problema es estructural y no aislado.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó en septiembre de 2025 el estudio denominado “Alerta Temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”. El documento refleja la situación de las personas privadas de libertad afectadas por una sobrepoblación, hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva.
“La Defensoría del Pueblo ha identificado una situación crítica en el sistema penitenciario que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Callisaya.
CRECIMIENTO
De acuerdo con el documento, la población penitenciaria ha mostrado un crecimiento sostenido. A julio de 2025 alcanzó un total de 33.058 personas privadas de libertad, con un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el uso excesivo de la detención preventiva se constituye en uno de los principales factores que originan la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Actualmente, el 55,9% de los recluidos se encuentra bajo esta medida, sin haber recibido una sentencia condenatoria. Esta situación es aún más crítica en el grupo etario de 18 a 28 años de edad. El porcentaje de detenidos preventivos alcanza el 75%, evidenciando un uso desproporcionado de esta figura legal en jóvenes y una carga significativa para el sistema penitenciario.
MEDIDA
Además, refleja el incumplimiento de los estándares internacionales que establecen que la detención preventiva debe ser una medida excepcional.
“La detención preventiva continúa utilizándose como regla en lugar de excepción. Esto genera un efecto multiplicador en la actual crisis penitenciaria que lejos de ser una medida excepcional, se ha convertido en una constante. Y, contribuye directamente al hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria. A julio de 2025, el 55,9% de los internos se encuentra bajo detención preventiva. No cuenta con una sentencia, lo que refleja una preocupante distorsión en el uso de esta figura legal y evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia penal”, señala el informe.
La Defensoría advierte que el hacinamiento agrava significativamente las condiciones de salud de la población privada de libertad. Para las más de 33.000 personas que se encuentran recluidas existen apenas 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos. Esa cifra de profesionales intenta cubrir las necesidades de atención médica, lo que resulta claramente insuficiente.
Como consecuencia directa de esta saturación y del limitado acceso a servicios de salud, se estima que el 90.64% de muertes en custodia en centros penitenciarios son por enfermedad. En ese marco, Callisaya considera que el hacinamiento no solo facilita la propagación de enfermedades, también impide una atención oportuna y adecuada, poniendo en riesgo constante la vida y la dignidad de los internos.
SOBREPOBLACIÓN
Añade que la sobrepoblación y el hacinamiento no solo deterioran gravemente las condiciones de vida de los internos, también agravan problemas estructurales como la deficiencia en la alimentación.
“Esta situación genera un aumento sostenido de la conflictividad dentro de los recintos carcelarios. El problema es impulsado principalmente por el impago de los prediarios, que son los recursos destinados a la alimentación diaria de los internos. La responsabilidad de dicho pago recae en las gobernaciones departamentales”, dijo el defensor.
Ante esta situación, Callisaya planteó cinco medidas urgentes. Entre ellas, limitar el uso de la detención preventiva y la aplicación de un enfoque diferenciado en el juzgamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad; aprobar el uso de manillas electrónicas; separar y clasificar a los privados de libertad según la naturaleza y gravedad del delito; mejorar acceso al derecho a la salud, garantizando más personal médico o más convenios con hospitales que puedan brindar servicio ambulatorio en cárceles.
Callisaya instó a consolidar un nuevo acuerdo entre los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal. El fin es de que todos cumplan de una manera más eficiente sus responsabilidades en el tema carcelario,. De esa forma se garantizará el buen funcionamiento de las cárceles está estrechamente vinculado a la seguridad ciudadana.
La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional, llama a las autoridades de los tres niveles del Estado a asumir de manera inmediata y coordinada medidas para evitar que la crisis por la sobrepoblación derive en una vulneración masiva de derechos humanos y en un riesgo para la seguridad pública.
Fuente: La Razón
