El Ejecutivo presentó al Concejo un proyecto para declarar el predio como patrimonio municipal y anunció acciones en la vía ordinaria para que el caso se dirima en esta instancia. Abogado de la familia Crapuzzi asegura que la sentencia está vigente
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La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, informó que el alcalde Carlos Manuel Saavedra envío el proyecto de ley que busca proteger el terreno del mercado y las calles del sector.
El proyecto, denominado Ley Autonómica Municipal que regula el derecho propietario del terreno ubicado en la zona noreste, Distrito Municipal 2, ET 3, y los cominos vecinos vecinales, con una superficie total de 5.445,89 metros cuadrados, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, fue ingresado este jueves al Concejo.
El procedimiento fue iniciado luego del fallo de la Sala Constitucional Segunda que, entre sus resoluciones, exhortó al Legislativo a asumir acciones orientadas a preservar el derecho propietario del municipio sobre ese terreno.
“Santa Cruz debe saber que ahora tiene autoridades que van a defender el patrimonio de los cruceños”, indicó Nayar.
La presidenta del órgano deliberante informó que el proyecto de ley fue derivado a las comisiones de Planificación, de Administración y Finanzas, y de Constitución que deberán presentar sus informes para que el tema sea tratado en el pleno.
La norma busca proteger los terrenos del mercado, luego de que el 20 de febrero de 2024 el Concejo Municipal abrogara la Ley Municipal 417, promulgada el 1 de diciembre de 2016, en cumplimiento de una sentencia emitida por la Sala Constitucional Tercera, ante un amparo interpuesto por Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos.
De forma paralela, el Gobierno Municipal anunció acciones en la vía ordinaria para que el conflicto sea resuelto en esa instancia y no por la vía constitucional.
El abogado del Gobierno Municipal, Diego Coimbra, informó que se interpondrá una acción negatoria con el objetivo de que la justicia ordinaria determine la titularidad del bien inmueble.
El jurista también destacó la resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda que ordena al Gobierno Municipal realizar todas las acciones necesarias para preservar el derecho sobre el espacio público.
Coimbra sostuvo que durante el proceso se demostró documentalmente que el predio nunca perteneció a la familia Crapuzzi. Explicó que se presentaron antecedentes que evidencian que los terrenos eran propiedad de cinco familias.
Asimismo, recordó que el proceso de expropiación comenzó con una Ordenanza Municipal de 1985, mediante la cual se declaró de necesidad y utilidad pública el predio comprendido dentro del Área de Equipamiento Terciario (ET-3).
El abogado aseguró que existen boletas de pago y actas de conformidad que respaldan la expropiación realizada a favor del Gobierno Municipal.
“Que paguen”
Por su parte, Waminqa Serrano, abogado de la familia Crapuzzi, aseguró que la resolución de la Sala Constitucional Segunda no anuló la sentencia constitucional que reconoce el derecho propietario de los accionantes e insistió en que la Alcaldía carece de títulos de propiedad sobre el terreno.
El jurista afirmó que existen certificaciones de Derechos Reales que acreditan la “trazabilidad y tradición” de la propiedad desde 1969, e incluso antecedentes que se remontan a 1952.
Según Serrano, toda la cadena de registros que se tiene respalda su demanda. Por ello, considera que, si el municipio pretende adjudicarse el predio, debe iniciar un proceso de expropiación y pagar por el terreno.
“Si quieren el mercado, que lo paguen”, manifestó.
El abogado también informó que presentaron un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y solicitaron aclaraciones sobre la resolución emitida este miércoles.
Advirtió que, si se interpretara que el tribunal modificó una sentencia constitucional firme, se incurriría en prevaricato.
En 2006 supo que era el dueño
Waminqa reveló que Crapuzzi tomó conocimiento de que el terreno del Mutualista es de su propiedad en 2006 cuando fue notificado que la matrícula del inmueble había sido bloqueada.
El abogado señaló que llama la atención que, entre 1984 y 2024, ninguna gestión municipal inscribió el predio a nombre del Gobierno Municipal.
Recién durante la administración del exalcalde Jhonny Fernández se realizó el registro; sin embargo, dichas inscripciones fueron anuladas.
Sin embargo, un informe del Tribunal Supremo de Justicia destapó presuntas irregularidades en los actuados y documentos dentro del proceso.