Bolivia está cruzando una línea peligrosa, no se trata únicamente de un incremento de la delincuencia, tampoco de hechos aislados que podrían ser explicados como inseguridad ciudadana, nada de eso. Lo que hemos estado presenciando durante los últimos meses —sicariato, asesinatos por encargo, ejecución de empresarios, policías y hasta autoridades judiciales— representa un punto de inflexión, un cambio drástico: el tránsito hacia una violencia que se vuelve constante, donde los hechos dejan de ser aislados y pasan a ser estructurales, afectando no solo la paz social, sino también la estabilidad económica.
En América Latina, el costo del crimen alcanza, por promedio, el 3,4% del Producto Interno Bruto. Si trasladamos esa referencia a Bolivia, estaríamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales que se pierden entre menor productividad, mayores costos de seguridad y el deterioro del clima de negocios. Es una cifra, una cantidad que compite directamente con el gasto público en sectores tan estratégicos como la educación o la salud, algo verdaderamente alarmante.
Pero el problema más grave no reside en el costo actual, sino en el efecto futuro que podría desencadenar, un problema mucho mayor. La inversión y particularmente la externa, no presta mucha atención a lo de hoy, sino a lo que se espera para el futuro. Y la Bolivia actual emite señales sumamente desalentadoras. Cuando en un lugar emergen redes de sicarios, cuando actúan organizaciones delictivas transnacionales y, más grave aún, cuando la agresión toca a jueces o magistrados, la advertencia es obvia: la autoridad está siendo minada.
Inversión sin ley firme, no existe.
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Esto no es un lema partidario, sino un hecho comprobado. Ningún inversionista serio compromete capital en un país donde no puede garantizar tres cosas básicas: seguridad física, seguridad jurídica y cumplimiento de contratos. La reciente escalada de violencia erosiona precisamente esos tres pilares.
El asesinato de autoridades judiciales no es un hecho más, es quizás la señal más destructiva para la economía. Porque significa que incluso los que debieran garantizar la ley están desprotegidos. Dicho de forma concreta, esto se traduce en que los convenios pueden no respetarse, que las controversias pueden no resolverse y que el esquema institucional y estructura jurídica pierde confianza.
En esas circunstancias, la inversión no llega. O peor todavía se va. La prueba internacional es clara. Países que lidiaron con ciclos de violencia similares como Colombia en la década de noventa o ciertos estados de México notaron disminuciones del diez al treinta por ciento en la inversión extranjera durante las coyunturas más agudas, llegado todavía a ese extremo, no obstante, las señales incipientes ya se manifiestan. La violencia no solo espanta la inversión, encarece también el desarrollo.
Esto da como resultado un círculo vicioso: disminuye la inversión, por lo tanto, el crecimiento se frena, se crea menos empleo, la vulnerabilidad social aumenta.
Y, de forma paradójica, ese mismo deterioro, o sea, esa degradación, propicia nuevas manifestaciones de violencia.
Bolivia aún tiene chance de eludir ese desenlace, pero la oportunidad se está acabando.
Por Rubén Arias.