El país no puede continuar bloqueado por la radicalidad

Rechazando que intereses políticos traten de tergiversar la reciente abrogación de la Ley de Estados de Excepción, la senadora por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), Claudia Mallón, negó que la anulación de esta norma dé vía libre a la vulneración de derechos ciudadanos, cuando la intención es evitar que el país continúe siendo bloqueado por posiciones radicales y antidemocráticas.

En conferencia de prensa, Mallón cuestionó que algunos grupos y sus representantes malinterpreten la abrogación de la ley 1341, en busca de generar malestar en los sectores actualmente movilizados y de esta forma se agudicen las medidas de presión que prácticamente mantienen cercada a la ciudad Sede de Gobierno, con todos los perjuicios que esto representa para sus habitantes“Lamentablemente se está tergiversando y se dice que se va tener vía libre para poder matar, no es así, la Constitución es clara en cuanto al respeto de los derechos fundamentales, pero debemos entender que el país no puede continuar bloqueado por actitudes que son antidemocráticas”, sostuvo.

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La senadora explicó que, con la abrogación de la ley que regulaba los alcances del Estado de Excepción y limitaba las acciones del Gobierno al momento de asumir una medida de este tipo, se busca devolver facultades al Órgano Ejecutivo, en un contexto en el que grupos radicales con financiamiento de dudosa procedencia tratan de forzar un quiebre en el orden constitucional.

Asimismo, reiteró que el camino para alcanzar soluciones que den paso a la pacificación del país siempre será el diálogo; sin embargo, en caso de que intereses personales o posiciones intransigentes y radicales traten de imponerse a las propuestas, es necesario contar con mecanismos constitucionales con los que pueda garantizarse el respeto a los derechos de la población.
“El presidente Rodrigo Paz y su Gobierno, democráticamente electos, ahora tienen el acompañamiento de la Constitución Política del Estado que establece dictar un Estado de Excepción cuando esté en peligro la democracia, lo puede hacer, y si así lo dispone, gozará del respaldo de las fuerzas políticas electas también democráticamente”, añadió.
En ese contexto, pidió a las organizaciones sociales, actualmente movilizadas, deponer toda actitud de confrontación, tomando en cuenta que la actual administración llego al poder con el respaldo de la ciudadanía en las urnas, por lo que demandar una renuncia es antidemocrático y va en contra de una Constitución Política que contempla la figura del referendo revocatorio en caso de que existan cuestionamientos hacia un gobierno.
“No podemos castigarnos entre los mismos bolivianos, no hay comida en La Paz, no se ha tenido el corazón siquiera para dar paso a ambulancias, esa no es la actitud de quienes dicen llevar por delante una reivindicación, sino es una consigna de quienes pretenden desestabilizar la democracia”, finalizó.
A primeras horas del miércoles, tras su respectivo tratamiento y sanción por parte del Órgano Legislativo, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1732 que dispone la abrogación de la norma que limitaba los alcances del Estado de Excepción, la ley entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial.
Posteriormente, durante el denominado “Consejo Económico Social de la Patria”, el primer mandatario anunció que aplicará las reglas constitucionales que rigen en el país en caso de que los sectores actualmente movilizados rechacen el diálogo e insistan en bloquear vías.
Paz recordó que su gobierno fue electo con el respaldo del 55% de los votos del sufragio ciudadano nacional.
“No puedes votar a presidentes porque se te da la gana. El voto se respeta y la Constitución también. Así nomás es, son las reglas del juego. Pero si no quieren dialogar, para eso están ya las reglas de la Constitución. Quiero ser muy claro si no quieren dialogar”, dijo.
La primera autoridad del Estado boliviano hizo énfasis en entablar el diálogo en el terreno que gusten las partes, “porque no le tenemos miedo, a Bolivia nosotros la amamos y no tenemos temor, entonces viene la ley. El que le hace daño a un boliviano tiene que ser castigado por la ley. No hay otra”.
Asimismo, rechazó que algunos grupos de manifestantes hablen de “masacres” cuando fue la intransigencia de los bloqueos la que hasta la fecha provocó la muerte de cuatro personas por falta de atención médica oportuna, además del fallecimiento de un joven que actualmente esta bajo investigación.

“Compañeros, para eso está el diálogo, yo tengo instrumentos constitucionales. El tiempo se acaba. Hoy día aquí convocamos organizaciones. He dado muchas veces soluciones; no puedo solucionar todo, pero debo responder a cada problema que haya en el país. Por favor, movilicémonos pacíficamente”, planteó Paz, lamentando que los habitantes de dos de las ciudades más importantes y pobladas del país deban pasar hambre como efecto de medidas de presión.

Desde hace casi cuatro semanas, las ciudades de La Paz y El Alto sufren el asedio de marchas y bloqueos violentos que las mantienen aisladas y desabastecidas de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y combustible. Pese a que las protestas iniciaron por demandas salariales, estas fueron cambiando por motivos políticos, ignorando reiterados llamados al diálogo. Actualmente la dirigencia que encabeza las movilizaciones exige la renuncia del presidente.