Videos difundidos desde Warisata, El Alto y distintos puntos de la sede de gobierno muestran un preocupante endurecimiento de las movilizaciones. Sectores movilizados ya no solo sostienen bloqueos: aparecen amenazas armadas, ataques a civiles y agresiones en plena vía pública.
eju.tv / Video: RRSS
La conflictividad social en Bolivia ingresó en una nueva fase de radicalización luego de que durante las últimas horas circularan videos y reportes que muestran amenazas de violencia extrema, grupos encapuchados portando armas de fuego inclusive y agresiones directas contra la población civil en distintos puntos de La Paz y El Alto.
Uno de los hechos que más alarma generó ocurrió en la localidad paceña de Warisata, donde videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de comunarios encapuchados, algunos portando armas y objetos contundentes, mientras lanzan amenazas de ‘guerra civil’ en medio de las protestas contra el Gobierno.
En las imágenes, ampliamente compartidas en Facebook y plataformas digitales, se escucha a manifestantes gritar ‘ahora sí, guerra civil’, mientras avanzan en grupos organizados supuestamente rumbo a La Paz.
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El Gobierno reaccionó públicamente a esos hechos. Según reportó eju.tv, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció que detrás de esos grupos estaría Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Arce, a quien señaló como presunto articulador de estructuras armadas vinculadas a las movilizaciones.
De acuerdo con la denuncia oficial, el vocero sostiene que Gutiérrez Paucara “convocó a una reunión a centrales, subcentrales y ejecutivos para decirles que se adhieran a la marcha evista y cocalera, y que vinieran con todas las armas posibles, recomendó a los dirigentes de K’ala K’ala y Warisata traer armamento, fusiles Mauser a la misma marcha de cocaleros y evistas”.
Gálvez agregó que el exfuncionario del gobierno de Arce “instruyó a los ciudadanos de esa localidad que, si no tienen armas, traigan palos y picotas” a la marcha evista y precisó que su convocatoria incluyó la amenaza de saqueos para los que no participen de forma voluntaria. “¿Ese es el nivel de liderazgo que necesitamos? ¿Vamos a cambiar el diálogo por la violencia?”, cuestionó.
A ello se suma otro hecho registrado este lunes en el sector del Cruce de Villas, una de las zonas más transitadas y populares de La Paz, donde grupos movilizados interceptaron un minibús y agredieron violentamente a pasajeros. Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes que golpean el vehículo y atacan a personas que intentaban atravesar el punto de bloqueo. En las imágenes se observa a un hombre adulto ensangrentado, mientras otras personas intentan auxiliarlo.
El episodio incrementó la preocupación ciudadana por el nivel de violencia que comenzaron a adquirir algunas protestas en la sede de gobierno. La tensión creció desde días atrás. Equipos de prensa de diferentes medios de comunicación documentaron agresiones contra periodistas, ataques a vecinos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en distintos puntos de La Paz y El Alto.
El pasado sábado estuvo marcado por policías heridos, agresiones a trabajadores de prensa en un afán de desbloquear vías de acceso a la ciudad de La Paz, debido a que la situación alimentaria se agrava por el cerco que afecta a esa urbe y a El Alto; pero la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este lunes hasta 27 puntos de bloqueo activos, la mayoría de ellos en el departamento paceño, pero también en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
En los últimos días las protestas dejaron de centrarse exclusivamente en demandas económicas y comenzaron a asumir un discurso abiertamente político. Sectores afines al evismo, organizaciones sindicales y grupos movilizados endurecieron sus consignas y exigen ahora la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Ese giro elevó el nivel de confrontación en calles y carreteras. Sectores ciudadanos expresaron temor por el descontrol de algunos grupos movilizados y por el impacto de los bloqueos sobre el abastecimiento, el transporte y la seguridad ciudadana. La aparición de amenazas de ‘guerra civil’ añadió mayor preocupación, especialmente por el antecedente histórico de confrontaciones violentas en Bolivia durante periodos de alta polarización política.
El Gobierno sostiene que detrás de los bloqueos existe una estrategia de desestabilización y advirtió que hará respetar el orden constitucional mientras la población paceña enfrenta un escenario marcado no solo por el desabastecimiento y las restricciones de circulación, sino también por episodios de violencia cada vez más virulentos en calles, carreteras y puntos de bloqueo.