No estamos frente a una simple protesta social. Lo que ocurre hoy en Bolivia tiene otro trasfondo: una articulación política que utiliza distintos brazos para presionar, desestabilizar y condicionar al poder democrático.
Por un lado, una dirigencia sindical desgastada, sin legitimidad, que durante años dejó de representar a los trabajadores para convertirse en un instrumento político al servicio de Evo Morales y Luis Arce.
Por otro lado, aparecen actores vinculados al narcotráfico y a otras actividades ilegales, que encuentran en el conflicto una oportunidad para expandir su influencia y proteger sus intereses. No es casual que estos factores emerjan en momentos de alta tensión institucional.
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La COB, la CSUTCB, los interculturales, las Bartolinas, la Tupac y otros sectores, son expresiones del masismo que deberán reinventarse para recuperar la independencia sindical, imprescindible para asumir su rol histórico. Las organizaciones sindicales no son instrumentos de confrontación política ni deben convertirse en brazos operativos del poder político.
En días pasados, escuchamos a un dirigente sindical de la COD Cochabamba anunciar la decisión de crear un partido político más grande que el MAS. Los dirigentes tienen el derecho y la libertad de hacer política y disputar el poder, pero no pueden utilizar una institución histórica como la COB con fines políticos, personales o sectarios.
El primero de mayo, cuando Bolivia celebraba el Día del Trabajo, la COB anunció en El Alto una huelga general indefinida, una medida extrema que sorprendió y amedrentó al país entero. Dirigentes impregnados de masismo declararon la paralización y el bloqueo.
Algo que, estoy seguro, fue resistido incluso por sus propios entornos familiares. Si bien los aguerridos dirigentes cobistas gozan de sueldos elevados, sus familias viven del trabajo cotidiano, y este tipo de decisiones implica un sacrificio extremo en función de una disputa política que, durante veinte años, no les dejó más que frustración y engaño.
Entre viernes y sábado, en el lapso de 48 horas, conocimos dos asesinatos en plena vía pública en Santa Cruz: un magistrado del Tribunal Agroambiental y un extranjero, presumiblemente ejecutado por disputas entre narcotraficantes. Sicarios en motocicletas los acribillaron en plena calle.
En el centro de este escenario está Evo Morales. Su influencia sobre sectores sindicales, su liderazgo histórico en el movimiento cocalero del Chapare y su capacidad de movilización lo convierten en mucho más que un actor político: lo posicionan como el probable articulador de estas fuerzas.
Aquí no hay lugar para la ingenuidad.
Bolivia no puede normalizar esta lógica. La protesta es legítima, pero la manipulación política de la conflictividad social es otra cosa. Y su convergencia con intereses oscuros constituye un riesgo directo para la democracia.
Es momento de decirlo con claridad: el país no puede estar rehén de liderazgos que operan desde las sombras. La democracia se defiende con instituciones, con ley y con decisión política.
Lo demás es retroceder.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.