Zeballos recordó que si bien la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la protesta, este tiene límites cuando afecta otros derechos fundamentales, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la integridad de las personas.
eju.tv / Video: Gigavisión
El fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó este martes sobre la apertura de una investigación de oficio contra los presuntos líderes que lideran los bloqueos instalados en los municipios de San Julián y Guarayos,ambos en el departamento cruceño.
La autoridad informó que el Ministerio Público inició las pesquisas por los presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, entre otros tipos penales vinculados a los cortes de ruta registrados en distintas regiones del departamento.
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«Se ha aperturado una investigación de oficio sobre tipos penales de atentado contra la libertad de trabajo, así como instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. Estamos haciendo énfasis en el municipio de San Julián, así como en el municipio de Guarayos, donde se han reportado distintos puntos que lamentablemente continúan con bloqueos, pero respecto a los cuales ya se aperturó una investigación de manera inmediata aquí, en el departamento de Santa Cruz», señaló Zeballos.
El fiscal departamental explicó que se conformó una comisión de fiscales que trabajará de manera coordinada con la Policía Boliviana para ejecutar las labores investigativas necesarias e identificar a las personas que estarían detrás de las movilizaciones y bloqueos.
Según Zeballos, dentro de las investigaciones se recolectarán elementos de prueba, registros audiovisuales y otros indicios que permitan establecer responsabilidades sobre los hechos que afectan la transitabilidad y el normal desarrollo de actividades en esa región del país.
La autoridad precisó que la investigación se concentra principalmente en los municipios de San Julián y Guarayos, donde se reportaron distintos puntos de bloqueo.
Asimismo, indicó que no se descarta la ejecución de registros y otros actos investigativos contemplados dentro del procedimiento penal, además de operativos preventivos por parte de la Policía Boliviana.
«No se descarta practicar registros, como corresponde, o también realizar labores policiales preventivas. Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los demás», sostuvo.
Zeballos recordó que si bien la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la protesta, este tiene límites cuando afecta otros derechos fundamentales, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la integridad de las personas.
