El Ministerio de Gobierno afirma que Yussef Akly Flores abandonó el país pese a las restricciones establecidas por ley para exautoridades y advierte sanciones contra funcionarios que hayan facilitado su salida.
El expresidente de YPFB, Yussef Akly Flores. Foto: urgente.bo
El Ministerio de Gobierno denunció este viernes que el expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria de Autoridades y anunció una investigación para identificar a posibles funcionarios que facilitaron o permitieron su salida del país.
A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado afirmó que Akly Flores “habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales”.
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La norma, promulgada en 2020, establece que toda autoridad que concluye funciones debe permanecer en el país durante seis meses para garantizar su disponibilidad ante posibles procesos de auditoría, fiscalización o investigaciones derivadas de su gestión pública.
Mediante el comunicado oficial, Gobierno apunta a una eventual cadena de responsabilidades dentro del aparato estatal, por ello, informó que instruyó a la Dirección General de Migración iniciar de ‘manera inmediata’ una investigación exhaustiva para identificar posibles omisiones o facilidades otorgadas durante la salida del exfuncionario.
Según el documento, se busca establecer si servidores públicos “hubieran facilitado, permitido u omitido controles que derivaron en la salida irregular del exejecutivo de YPFB”.
Asimismo, estableció su posición frente a probables actos de protección política o encubrimiento. “El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir las responsabilidades”, señala el comunicado. El mensaje apunta directamente a posibles redes de protección institucional o política que puedan haber permitido la salida del exejecutivo.
La Ley de Permanencia Obligatoria fue aprobada con el objetivo de evitar que exautoridades abandonen el país inmediatamente después de dejar funciones, especialmente en casos donde puedan surgir procesos de rendición de cuentas o auditorías estatales. La normativa obliga a permanecer seis meses en territorio boliviano, salvo autorización expresa emitida por autoridad competente.
El caso abre dos líneas de investigación; una, sobre la situación legal del exejecutivo de YPFB y, dos, la probable existencia de responsabilidades institucionales que permitieron su salida del país. El Gobierno sostiene que no habrá excepciones en la aplicación de la ley y anticipa sanciones si se comprueba encubrimiento o incumplimiento de controles estatales.