El economista Friedrich Hayek definió al mercado como un sistema de comunicación capaz de coordinar las acciones de millones de personas que no se conocen entre sí. Esa coordinación descansa sobre una confianza abstracta en las reglas, particularmente en el derecho y la propiedad, por lo cual cuando las personas dejan de confiar en que esas reglas se mantendrán estables en el tiempo, el orden espontáneo se deteriora y la incertidumbre comienza a reemplazar a la cooperación.
En una línea similar, Douglass North sostuvo que el crecimiento económico depende de instituciones capaces de reducir la incertidumbre. Los contratos, las leyes y las normas no son simples formalidades jurídicas, sino mecanismos esenciales que permiten que la sociedad funcione, dado que la confianza interpersonal no es infinita; de hecho, en las sociedades donde existe mayor confianza institucional, el costo de sostener el orden y hacer cumplir las reglas, es considerablemente menor.
Estas concepciones sobre la importancia de la confianza como factor determinante para el progreso económico invitan a reflexionar sobre las tensiones políticas y sociales que actualmente se desarrollan en Bolivia.
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Para evaluar la magnitud de la crisis política, es necesario contrastarla con los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático que refieren a: 1) Soberanía popular, el poder político legítimo reside en los ciudadanos y es delegado únicamente mediante el voto, 2) División de poderes, estructura diseñada para evitar la concentración del poder a través del equilibrio e independencia entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 3) Estado de derecho, que implica que las leyes se aplican a todos por igual, garantizando que nadie se encuentre por encima de ellas, 4) Pluralismo político, que es el reconocimiento de la coexistencia de distintas ideologías, visiones y proyectos de país que compiten pacíficamente por el voto y 5) Garantía de derechos fundamentales, que ofrece protección irrestricta de las libertades individuales, incluyendo la libre expresión, la asociación, el culto y la propiedad privada.
Sin embargo, durante las últimas dos décadas, Bolivia ha experimentado un progresivo deterioro institucional, toda vez que en medio de la promesa de refundar el país y superar las debilidades de un sistema político que arrastraba serios desgastes, se impulsaron transformaciones que, lejos de fortalecer la institucionalidad, terminaron debilitando varios de sus pilares fundamentales. Los límites al poder comenzaron a diluirse; la independencia institucional perdió fuerza y el debate político plural fue sustituido, en muchos casos, por dinámicas de confrontación y hegemonía partidaria.
Al mismo tiempo, se pasó a jugar a la democracia al consolidarse una lógica clientelar en la que las estructuras políticas dejaron de representar proyectos ideológicos claros para convertirse en maquinarias orientadas a la disputa y administración de parcelas de poder. Como efecto de esto, los canales democráticos de representación sufrieron una profunda pérdida de credibilidad, por lo cual hoy nos enfrentamos a la paradoja de un sistema que permite delegar cargos mediante el voto, pero que está lejos de garantizar una verdadera gobernabilidad democrática.
Es en este vacío de representación donde radica el conflicto actual. Si asumimos que las elecciones constituyen el mecanismo legítimo para trasladar las demandas sociales hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces el debate debería desarrollarse exclusivamente dentro de ese marco institucional; no obstante, al verse atrapadas en un sistema de intermediación fallido, distintas organizaciones sociales han optado por adoptar mecanismos de coerción directa, priorizando bloqueos, amenazas y la presión callejera por encima de las vías legales, cuya práctica cuando se normaliza y se ejerce de manera sistemática, la percepción colectiva traslada el poder real desde las instituciones hacia la capacidad fáctica de paralizar al país mediante distintas medidas de presión.
La consecuencia más grave de este proceso es la erosión profunda de la confianza, lo que lleva a los ciudadanos a dejar de creer en la imparcialidad de las reglas y en la capacidad del Estado para garantizar sus derechos, provocando que la incertidumbre política se transforme de inmediato en una asfixia económica.
A esto se suman las constantes vulneraciones a los derechos humanos que sufren miles de bolivianos durante cada episodio de conflictividad social: restricciones severas al libre tránsito, desabastecimiento de combustibles, dificultades extremas para acceder a alimentos o atención médica, afectaciones directas a la propiedad privada y la flagrante prohibición del derecho al trabajo. Esta última afectación es especialmente dura en un país donde la gran mayoría de la población depende del autoempleo y de la economía informal para subsistir día a día.
Aquí es donde la teoría de North y Hayek se convierte en una cruda realidad: cuando el bloqueo y la fuerza reemplazan al parlamento, los costos de transacción para producir y vivir en Bolivia se vuelven impagables, y el orden espontáneo se quiebra. Por ello, las instituciones llamadas a preservar el orden democrático deben actuar con la máxima responsabilidad y el rigor de la ley. En un momento difícil que nos toca atravesar hoy, restaurar la vigencia del Estado de derecho no es un lujo político; es una condición vital e indispensable para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible; sin instituciones sólidas y reglas previsibles, la democracia se reduce a una formalidad vacía, lo que inevitablemente nos lleva de jugar a la democracia a jugar con fuego.