Especialistas consultados por EL DEBER advierten que este caso expone una crisis más profunda que tiene que ver con el progresivo debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en todo el país.
Por Ariel Melgar Cabrera
Fuente: El Deber
El linchamiento de tres jóvenes acusados de robo en el municipio potosino de Pocoata ha vuelto a colocar en el centro del debate la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, proteger a las personas bajo custodia y evitar que la población recurra a la violencia colectiva como mecanismo de castigo. Más allá de la brutalidad del hecho, especialistas consultados por EL DEBER advierten que el caso expone una crisis más profunda que es el progresivo debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
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La Fiscalía Departamental de Potosí identificó a las víctimas como Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22), quienes permanecían aprehendidos por un presunto robo de vehículo. Según las investigaciones preliminares, una multitud de aproximadamente 200 personas irrumpió el jueves 28 de mayo en dependencias policiales, redujo a los efectivos, causó destrozos y sacó por la fuerza a los detenidos. Horas después, los tres cuerpos fueron encontrados calcinados en el cementerio del pueblo.
El fiscal departamental Gonzalo Aparicio informó que se abrió una investigación por asesinato y que ya se realizan actos investigativos para identificar tanto a los autores materiales como a los posibles instigadores del crimen. La autoridad confirmó que los detenidos se encontraban bajo custodia estatal cuando fueron retirados violentamente por los comunarios.
Para el abogado penalista y criminólogo Cristian Sánchez, el episodio representa una de las expresiones más graves del fracaso institucional. “Lo ocurrido en Pocoata constituye una derrota moral, jurídica e institucional del Estado. Es un acto de barbarie inadmisible y una forma primitiva de justicia por mano propia”, afirmó.
Sánchez sostuvo que ninguna acusación penal puede justificar que una multitud asuma simultáneamente las funciones de juez, fiscal y verdugo. A su juicio, el Estado tenía la obligación de proteger la integridad de las personas que estaban bajo custodia, independientemente de los delitos
El especialista considera además que la investigación no debería concentrarse únicamente en quienes participaron directamente en el ataque. También plantea la necesidad de establecer si existieron responsabilidades por omisión entre los encargados de resguardar las instalaciones policiales y garantizar la seguridad de los detenidos.
Una lectura similar fue la del abogado y exfiscal Joadel Bravo, quien cuestionó que algunos sectores intenten justificar el hecho bajo el concepto de justicia comunitaria. “No podemos llamar justicia comunitaria a lo ocurrido. La justicia comunitaria tiene mecanismos de reparación, restitución y trabajo comunitario. En ninguna de sus formas contempla la muerte de una persona”, señaló.
Bravo recordó que incluso si las víctimas hubieran participado en actividades delictivas, la comunidad no podía sustituir el rol de los jueces y fiscales. “Un robo de un bien no vale el precio de la vida de una persona. La sociedad delega la administración de justicia al Estado justamente para evitar que prevalezca la venganza”, advirtió.
Según el exfiscal, detrás de este tipo de hechos existe un profundo descrédito de las instituciones judiciales. Muchas comunidades perciben que las denuncias no prosperan, que los procesos son lentos o que los responsables recuperan rápidamente su libertad, generando una sensación de impunidad que termina alimentando la violencia.
Desde una perspectiva social, la psicóloga Jimena Melgar Cabrera observa similitudes entre el caso de Pocoata y recientes episodios ocurridos en Santa Cruz, donde grupos de repartidores organizaron patrullajes para enfrentar a presuntos delincuentes. “Lo que ocurre en Pocoata e inclusive en el Cordón Ecológico es un reflejo claro de la indefensión que experimenta la población cuando siente que las autoridades no responden.
La especialista sostiene que el miedo puede transformar la frustración colectiva en conductas de supervivencia. En ese contexto, los ciudadanos organizan mecanismos de autodefensa para llenar el vacío que, a su juicio, deja el Estado.
Fuente: El Deber
