Johnny Nogales Viruez
Después de semanas de bloqueos, violencia y asedio, la misión fue cumplida.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los sindicatos y organizaciones que negociaron con el gobierno obtuvieron prácticamente todo lo que reclamaban. La urgencia oficial por desactivar el conflicto terminó convirtiéndose en una disposición permanente a conceder. El mensaje fue que quien presiona lo suficiente obtiene resultados.
Pero los sectores más radicalizados jamás estuvieron interesados en negociar. El diálogo no los moderó; los estimuló. Cada concesión fue interpretada como debilidad. Cada convocatoria a concertar funcionó como un incentivo para nuevos excesos.
Porque el objetivo nunca fue resolver demandas sociales. El verdadero propósito es político.
No actúan como simples grupos movilizados. Son el brazo operativo de quienes no están dispuestos a perder el poder ni las garantías de protección construidas durante años. Por eso necesitan mantener al país en tensión. El conflicto no es un accidente; es parte de su estrategia. Porque cuando la presión sustituye a la ley, lo que deja de funcionar no es el gobierno, sino el país.
Detrás de esta violencia no sólo están quienes ambicionan volver al poder. Los ejecutores son sus grupos de choque, sus viejos operadores, los beneficiarios secundarios del sistema. Los genuflexos que durante años vivieron de las sobras del festín de un modelo que degradó económica y moralmente al país.
No defienden causas sociales. Defienden la posibilidad de que sus jefes no rindan cuentas ante la justicia, que conserven su impunidad y continúen usufructuando las estructuras ilegales meticulosamente armadas.
Ya pueden ufanarse de sus “logros”.
La ciudadanía paceña fue sometida a un cerco que dificultó el ingreso de alimentos, medicamentos y carburantes. La vida cotidiana quedó alterada durante días. Comercios paralizados, mercados vacíos, calles desiertas y familias confinadas en una rutina de incertidumbre y agotamiento.
Miles de personas no pudieron trabajar ni desplazarse con normalidad. Y allí aparece una de las características más perversas de esta lógica: utilizar el sufrimiento del propio pueblo -ese mismo pueblo en cuyo nombre dicen actuar- como mecanismo de presión política.
Ni siquiera los intentos de establecer rutas humanitarias lograron contener la violencia. Policías y militares, sin condiciones adecuadas y expuestos a un riesgo evidente, fueron enviados a enfrentar grupos armados con dinamita y piedras. Del otro lado no había voluntad de diálogo. Había la decisión deliberada de sostener el enfrentamiento.
Todavía no han conseguido convertir el derramamiento de sangre en bandera política. Pero,aunque este episodio no ha concluido, los principales objetivos de los sublevados ya fueron alcanzados.
El transporte se paralizó, afectando al comercio y al abastecimiento. Los precios subieron. La población quedó sometida al miedo cotidiano de no saber si podrá continuar la vida normal.
Sin embargo, el daño más profundo quizá sea otro.
Bolivia vuelve a proyectar hacia el mundo la imagen de un país dominado por la ilegalidad y el desorden. Un país donde grupos violentos muestran mayor capacidad de acción que las propias instituciones. Un país donde el Estado aparece condicionado por quienes utilizan el caos como herramienta política.
Y eso tiene consecuencias.
La confianza se erosiona y, con ella, la inversión se retrae y el turismo se espanta. Nadie apuesta seriamente por un lugar donde la normalidad puede ser destruida en cuestión de horas por organizaciones que operan al margen de la ley, con una arbitrariedad que parece absoluta.
Por eso conviene llamar las cosas por su nombre.
Estas semanas no dejaron ninguna victoria social. No fortalecieron la democracia ni mejoraron la vida de la gente. Lo que dejaron fue una demostración brutal de cuánto daño puede infligirse a un país cuando la violencia se convierte en instrumento de acción política.
Misión cumplida, sí, pero para quienes apuestan al miedo y a la destrucción.
Misión cumplida para los que no dudan en incendiar Bolivia con tal de conservar impunidad y dominio.
Misión cumplida para los enemigos de una Bolivia estable y democrática.
Misión cumplida para los infames.