La aplicación de esta ley en el Beni marca un precedente en la gestión local de conflictos sociales, al priorizar un diálogo breve seguido de una respuesta institucional rápida.
eju.tv / VIdeo: Radio FIdes
Las vías no son trincheras. En el marco de la nueva ley municipal de transitabilidad promulgada por los municipios de Rurrenabaque y Reyes, en el departamento del Beni, cinco personas fueron aprehendidas por su participación en los bloqueos que durante más de 12 días afectaron la comunidad El Palmar. Dos de los detenidos recibieron detención preventiva y tres se beneficiaron con arresto domiciliario en la primera aplicación de una normativa que busca garantizar la libre circulación en la región.
“En caso de verificarse el cierre o restricción de vías, se procederá al diálogo inmediato. Caso contrario, si transcurren más de cuatro horas sin que se logre el despeje de la vía, en coordinación con la Policía Nacional, la Guardia Municipal y la Sociedad Civil organizada, se procederá al despeje usando medios proporcionales y no letales”, enfatizó una de las autoridades de la alcaldía durante la presentación de la norma.
Seis municipios, cuatro del Beni (San Borja, Rurrenabaque, Santa Rosa y Reyes) y dos de la provincia de Iturralde en La Paz (San Buenaventura e Ixiamas), se comprometieron a impulsar leyes de transitabilidad. Hasta el momento, Rurrenabaque y Reyes ya promulgaron sus disposiciones, mientras que los otros dos municipios paceños aprobarán las suyas en los próximos días. La normativa establece que ante un bloqueo, las autoridades tienen un plazo máximo de cuatro horas para negociar; si no se logra el despeje, la Policía Nacional, la Guardia Municipal y la sociedad civil organizada intervendrán para restablecer el tránsito.
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El operativo que derivó en las aprehensiones se realizó en la comunidad El Palmar donde los vecinos llevaron a los bloqueadores a dependencias policiales, y la Alcaldía de Rurrenabaque actuó como querellante por instigación a la población. Los técnicos municipales detallaron los parámetros de la nueva ley que prohíbe cualquier acción u omisión que impida, obstaculice o restrinja el libre tránsito en el territorio municipal mediante barricadas, personas, vehículos, objetos o quema de llantas.
La norma también establece que la protesta pacífica está permitida siempre que no implique violencia, armas ni daños a bienes públicos o privados. En el caso de vías estratégicas consideradas parte de la red vial fundamental, la prohibición del bloqueo es aún más estricta y cualquier violación activa el mecanismo de despeje tras el fallido diálogo de cuatro horas.
La aplicación de esta ley en el Beni marca un precedente en la gestión local de conflictos sociales, al priorizar un diálogo breve seguido de una respuesta institucional rápida.