En los días previos a múltiples conflictos sociales, a finales de abril, Rodrigo Paz anunció su plan para sacar a Bolivia de la quiebra, advirtiendo sobre una situación de bancarrota, insolvencia o ruina generalizada: “Todo está quebrado: gobernaciones, alcaldías, empresas y familias”. No es la primera vez que el presidente realiza este tipo de declaraciones catastróficas; la novedad radica en la inclusión de gobernaciones y alcaldías, días antes de que fueran posesionadas las nuevas autoridades electas de gobernaciones, municipios, asambleas departamentales legislativas y consejos municipales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La declaratoria presidencial de quiebra introduce una nueva variable en el proceso descentralizador del Estado y en el acceso de las instancias subnacionales al denominado «revolucionario proceso del 50-50», cuyos alcances técnicos, jurídicos y administrativos aún no se conocen con claridad, pero los hechos del actual gobierno son categóricos: ¡fue una simple promesa electoral!
El Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para 2026, que mantiene la continuidad del modelo del MAS durante la gestión de Luis Arce, dispone los recursos económicos del país y genera un recorte de ingresos hacia las regiones —es decir, hacia gobernaciones y municipios. Este recorte constituye precisamente el eje rector del presupuesto del gobierno de Rodrigo Paz, estructurado en dos componentes: mayor gasto para pagar salarios y el funcionamiento del llamado «Estado tranca», y austeridad para las regiones.
En cifras simples, el gasto alcanza los Bs 269.064,4 millones en su nivel vigente y se reduce a Bs 265.317,1 millones tras los ajustes, de acuerdo al presupuesto reformulado. En forma sencilla, de cada 10 bolivianos, siete se destinan a cubrir los gastos corrientes del Estado.
El presupuesto destina más dinero al funcionamiento del Estado en conceptos de gasto corriente (sueldos, compra de bienes, pago de servicios y servicio de deuda), entre el 67% y el 70% del total, resguardando así los gastos operativos del nivel central, mientras que el mayor recorte de todo el presupuesto recae sobre todas las regiones.
Las transferencias se reducen en 10.308,9 millones de bolivianos, que son precisamente los que el Gobierno central envía a gobernaciones, municipios, universidades públicas y otras instituciones. Por lo tanto, cuando este monto disminuye, las regiones reciben menos ingresos, lo que directamente las «quiebra».
El golpe económico que el gobierno de Rodrigo Paz asesta a los niveles subnacionales es demoledor: todo el peso del ajuste recae sobre los noveles subnacionales con nuevas autoridades electas, que además deberán lidiar con gestiones salientes ineficientes, endeudamiento acumulado y enormes necesidades insatisfechas.
Pero el problema no termina ahí, pues también se registra una disminución de la inversión pública, materializada en la ausencia de nuevas obras y proyectos, lo que afecta directamente al empleo y la construcción y, en definitiva, profundiza el decrecimiento de la economía del país.
En detalle, del total del PGE 2026 reformulado, Bs 265.317,1 millones (equivalentes al 67,7 %) se destinarán al gasto corriente, casi cuatro puntos porcentuales más de lo proyectado en el presupuesto heredado del gobierno de Luis Arce.
«El importe final asciende a Bs 391.815,8 millones, de los cuales los gastos corrientes representan el 67,7 % (Bs 265.317,1 millones); los gastos de capital, el 9,5 % (Bs 37.289,2 millones); y el uso de fondos, el 22,8 % (Bs 89.209,5 millones)», señala el informe técnico del proyecto de ley del PGE reformulado, al que accedió y publica la Agencia de Noticias Fides ANF.
Según la Fundación Jubileo, el gasto corriente ha crecido de forma sostenida:
2021: Bs 129.807 millones
2022: Bs 134.946 millones
2023: Bs 144.485 millones
2024: Bs 155.640 millones
2025: Bs 174.235 millones
2026: Bs 265.317 millones
Los números no mienten; los políticos sí.
En consecuencias, el gobierno de Rodrigo Paz da continuidad al modelo económico del MAS, garantiza la sobrevivencia del Estado tranca y da un golpe demoledor a las gobernaciones, alcaldías y universidades.