“Dos fases, la primera abrogar la Ley (1720) y la segunda, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Anoche (en el Senado) le dimos la fase uno, no permitamos la fase dos”, urgió el senador.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bolivia Tv
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información –Bolivia (Cedib), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) y Fundación Solón captan recursos de la cooperación europea para desestabilizar la democracia en Bolivia, denunció este miércoles el senador de la opositora Libre, Leonardo Roca.
El legislador detalló que la estrategia desestabilizadora inició con la marcha de campesinos de Beni y Pando con la demanda de abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras y que ahora se pasó a una segunda fase que es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Cipca, Fundación Tierra, Cedib, Cejis, Fundación Solón, todas ellas reciben millones de euros, todos firmaron el mismo libreto y eso no es coincidencia, es una coordinación pagada con dinero debió ir para el desarrollo”, afirmó Roca en una conferencia de prensa.
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De acuerdo con el senador, estas ONGs “captan recursos de Europa y los utilizan, lamentablemente, para engañar a los indígenas, les mienten, les dicen que van a perder sus tierras, los movilizan, y detrás hay un solo objetivo: enriquecerse y desestabilizar políticamente a Bolivia”.
En la conferencia de prensa, Roca enseñó los balances auditados de Cipca y anunció que impulsará “una investigación parlamentaria” para conocer los informes de las demás ONGs con el fin de identificar sus ingresos y el destino que le dan.
Basado en sus pruebas, el senador aseguró que la marcha de más de 20 días que realizaron campesinos de Pando y Beni hasta La Paz, en contra de la Ley 1720, no “fue espontánea”, sino “una operación donde las ONG captaron dinero de Europa y lo usaron para engañar a los indígenas, haciéndoles creer que perderían sus tierras, que la ley en realidad no los protegía”.
La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agrafia (INRA) la conversión de la pequeña a mediana propiedad. Fue promulgada por el presidente Paz el 10 de abril.
Los marchistas se oponen a la norma porque, aseguran, pondrá en riesgo los Territorios Comunitarios de Origen (TCO), pero el Gobierno lo niega y asegura que permitirá a los pequeños productores acceder a créditos del sistema financiero.
Como consecuencia de las protestas, el 9 de mayo la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley, mientras que la noche del 12 de mayo, el Senado la aprobó con modificaciones la norma abrogatoria y la devolvió a Diputados para su revisión.
En tanto, los campesinos continúan con su vigilia en inmediaciones de la Asamblea Legislativa y advirtieron que no dejarán la ciudad de La Paz hasta que se publique la norma abrogatoria en la Gaceta Oficial del Estado.
Para el senador Roca, con la abrogación de la Ley 1720 se cumplirá la primera de las dos fases desestabilizadoras.
“Dos fases, la primera abrogar la ley y la segunda, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Anoche (en el Senado) le dimos la fase uno, no permitamos la fase dos”, urgió el senador.
En paralelo, las protesta de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otros sectores, que exigen la renuncia del presidente Paz, continúan. No obstante, desde el Órgano Ejecutivo descartaron la dimisión del Jefe de Estado, mientras que la Policía y las Fuerzas Armadas preparan el desbloqueo de los más de 60 puntos en todo el país.