La Unión Europea se prepara ante posibles escenarios de escasez, aunque de momento no se han producido problemas de suministro de petróleo, por ejemplo.
Fuente: https://as.com
Laura Martin Sanjuan
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La Comisión Europea ha lanzado una señal de alarma: el mundo podría enfrentarse a “la crisis energética más grave de la historia”. No se trata de una declaración retórica. Es el reconocimiento institucional de una tormenta perfecta donde geopolítica, dependencia de los combustibles fósiles y tensiones estructurales en la oferta están convergiendo para poner a prueba la estabilidad económica global.
El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha situado el epicentro de esta crisis en la desestabilización del mercado energético internacional a raíz del conflicto en Oriente Próximo, un factor que ha alterado profundamente los flujos de petróleo y gas. La Unión Europea, altamente dependiente del exterior, ha tenido que asumir ya un sobrecoste superior a los 30.000 millones de euros en importaciones sin recibir un aumento equivalente del suministro, lo que refleja un deterioro claro del equilibrio entre oferta y demanda.
El detonante inmediato de esta tensión reside en el deterioro de infraestructuras clave y en el riesgo de interrupciones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del petróleo y gas global. La incertidumbre sobre la duración del conflicto y el estado de las instalaciones energéticas en regiones productoras anticipa una crisis prolongada, tal y como analizamos cuando pusimos en el mapa el Estrecho de Malaca y sus implicaciones.
El propio Ejecutivo comunitario reconoce que, incluso en el mejor de los escenarios, la normalización será lenta y parcial. Algunas infraestructuras, especialmente en el sector del gas, podrían tardar años en recuperar su capacidad, prolongando los efectos sobre precios y suministro. Esta fragilidad geopolítica se suma a que el sistema energético global sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles, lo que lo hace vulnerable a cualquier shock en zonas productoras. La crisis actual, por tanto, no solo es un problema de oferta, sino también de modelo energético.
Desde una perspectiva económica, las consecuencias son inmediatas y profundas. El encarecimiento de la energía se traduce en mayores costes para empresas y hogares, presiona la inflación y reduce la competitividad industrial. La Comisión Europea advierte además de posibles escenarios de escasez específicos, como el queroseno, un insumo crítico para el transporte aéreo y el comercio global. La volatilidad de los mercados energéticos se convierte así en un factor de riesgo sistémico. No se trata únicamente de precios altos, sino de la posibilidad de interrupciones en el suministro que obliguen a racionamientos o intervenciones públicas. De hecho, Bruselas ya está trabajando con distintos escenarios de crisis para anticipar respuestas coordinadas.
Para la Unión Europea, la crisis tiene una dimensión adicional: la dependencia energética se revela como una vulnerabilidad estratégica. Jørgensen lo ha resumido con claridad: no es solo una cuestión económica, sino un problema de seguridad. El bloque comunitario ha avanzado en diversificación desde la crisis de 2022, pero sigue expuesto a shocks externos. La necesidad de importar petróleo y gas en un entorno de alta competencia global (especialmente con economías asiáticas) refuerza la presión sobre los precios y el acceso a recursos.
Ante este escenario, Bruselas apuesta por tres líneas de acción: refuerzo de la seguridad de suministro, mediante reservas estratégicas y coordinación entre Estados; diversificación de fuentes energéticas, reduciendo la dependencia de regiones inestables; aceleración de la transición energética, con más renovables y electrificación.